La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino SA y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo.
La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva" en tanto implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.
Según se informó en la página oficial de los fiscales, la representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso.
"La familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA", resaltó en su escrito.
No obstante, Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió información sobre la participación de Franco Macri en la compañía y la empresa contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo Argentino SA ni ocupa cargos gerenciales.
En su dictamen, la Fiscalía -como parte del proceso de homologación- analizó la última propuesta realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del propio Estado Nacional siendo este titular del 32,65% del pasivo concursal.
En una ampliación al dictamen presentada el martes, la fiscal general acompañó los cálculos complementarios elaborados por la DAFI, de los que surge "el porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional", a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-.
La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad "es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional".
La fiscal también señaló que el consentimiento fue dado por "un funcionario incompetente" para hacerlo, que -no obstante- se encuentra en "una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional".
En ese contexto, Boquín consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad "es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional". Su aceptación implica "reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible", por "resultar equiparable a una condonación de la deuda".
La Fiscalía advirtió que "se encuentran en juego fondos públicos destinados a la satisfacción del bien común, por lo que rige un régimen específico, de carácter publicístico y con principios orientados a la preservación de dichos intereses generales".
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