Necesidad de regular normas más estrictas para el uso de agroquímicos y pesticidas

Si bien se ha logrado instalar una mayor conciencia en la sociedad, reflejada inclusive en la sanción de normas y en la creación de organismos dedicados a ese tema, siguen presentándose graves problemas de contaminación ambiental que se mantienen irresueltos y que, por ello, deberían comprometer a las autoridades a buscar soluciones perentorias.

Tales consideraciones parecen válidas a partir del fallo judicial emitido en Corrientes que confirmó la presencia de restos de un agrotóxico prohibido en el país en el cuerpo de una niña de 12 años de edad que murió tras comer una mandarina que encontró tirada en la puerta de una quinta. Las pericias y la autopsia confirmaron que en el cuerpo de la menor se hallaron restos de Furadán, cuyo uso -según se dijo oficialmente- está prohibido en el país.

En los últimos años, ha sido común a todas las jurisdicciones del país el debate y la ulterior sanción de normas destinadas a preservar los derechos a la salud y al hábitat despejado de contaminantes, en una situación siempre condicionada por la aplicación muchas veces descontrolada de agrotóxicos, fertilizantes y pesticidas, con directa afectación de los productos que se cultivan e, inclusive, de las áreas urbanas cercanas.

A grandes rasgos, las normas apuntan a reducir las distancias mínimas para pulverizar y fumigar con productos agroquímicos, llevándolas, en el caso de algunos productos, a escasos metros de zonas urbanas, de establecimientos educativos y de los cursos de agua. A su vez, generalmente se apunta a delimitar diferentes áreas en torno a las zonas urbanas donde podrían aplicarse agroquímicos o no, dependiendo de su grado de toxicidad,

Sea como sea, las distintas legislaturas provinciales deberían profundizar los análisis previos ya que bien se conoce el contexto ambiental crítico vigente en nuestro país, en donde se han hecho públicos relevamientos estremecedores y alarmantes acerca del grado de contacto directo con fuentes de contaminación en que se encuentran muchas franjas poblaciones. Es la salud pública, sin dudas, la que se encuentra en juego.

No debiera hacer falta reseñar que la contaminación ambiental puede ser causante de enfermedades tan graves como cáncer, leucemia, malformaciones fetales y bajo peso, problemas de fertilidad y afecciones en el sistema nervioso central.

Se conoce, también, que hay millones de habitantes sometidos a la gravitación de fuentes contaminantes muy peligrosas, como ocurre, por ejemplo, en vastos sectores de la cuenca del Riachuelo, en donde el 50 por ciento de los niños de entre 7 y 11 años presenta altas cantidades de plomo en la sangra. Otras graves enfermedades derivan de la elevada toxicidad de las aguas del río Reconquista, contaminadas por industrias aledañas: se determinó que allí viven unas 4 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad.

También se detectaron fuertes niveles de contaminación, entre otras, en zonas mineras de Jujuy o en aledaños de la ciudad de Córdoba, aquí como consecuencia de la concentración de agroquímicos, con patologías oncológicas que tendrían relación con las fumigaciones en campos linderos a las poblaciones.

Ese panorama, por consiguiente, exige la mayor prudencia y sabiduría legislativas, a la hora de sancionar normas que implican el uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas.