Cuatro de los cinco detenidos por el femicidio de Araceli Fulles, la joven hallada estrangulada y enterrada el 27 de abril último en la localidad bonaerense de José León Suárez, fueron liberados por la Cámara de Apelaciones de San Martín, que consideró que por la “ineficiencia del sistema investigativo” no pudieron obtenerse las pruebas necesarias para probar sus participaciones en el hecho.
Mediante una resolución de la Sala I de la Cámara, fueron liberados el viernes último Hernán Alberto Badaracco (38); Carlos Damián Cassalz (34), Marcelo Ezequiel Escobedo (37) y Hugo Martín Cabañas (46), por lo que el único que permanece detenido -ya que su defensa no apeló- es Darío Badaracco (29), principal sospechoso del femicidio.
La falta de los resultados de los peritajes a casi seis meses del femicidio, la mala conservación de las muestras recolectadas en el lugar del hallazgo del cuerpo y el sembrado de “falsas pistas”, fueron los argumentos exhibidos por el presidente de la Sala, Carlos Hermelo, al que adhirieron sus colegas Javier Mariani y Patricia Toscano.
Los magistrados analizaron los 24 cuerpos del expediente instruido por la fiscal de San Martín Graciela López Pereyra, a raíz de la apelación presentada por el defensor oficial Fernando Luis Lagares contra la prisión preventiva de los cuatro acusados.
Tras esa lectura, consideraron que las deficiencias detectadas en torno al trabajo de los agentes estatales -fuerzas de seguridad y peritos- no permitieron obtener las pruebas necesarias que sustenten la prisión preventiva de los acusados, motivo por el cual ordenaron investigar la posible comisión de un delito de acción pública por parte de éstas.
Para los jueces, la resolución del caso se tornó de “muy difícil concreción” porque “las agencias estatales encargadas específicamente de la investigación no le acercaron a la fiscal -con la celeridad que el caso impone- las correspondientes diligencias que ordenara”.
Al respecto, ejemplificaron que todavía no se agregaron a la causa los resultados de los peritajes practicados sobre la evidencias físicas secuestradas.
“Más preocupante aún resulta la cuestión, cuando el Perito del Laboratorio de Genética Forense de la Superintendencia de Policía Científica, al analizar las diferentes evidencias físicas relevadas, observa con relación a los elementos que ha de peritar que ‘este modo de conservación no cumple con los requisitos de conservación de los protocolos de recolección de muestras para ADN según convenio marco entre Ministerio de Seguridad y Procuración’”, añade la resolución.
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