Cuando los jueces y los políticos transitan por caminos paralelos

El fallo de la sala 1 de la Cámara Correccional y Criminal Federal fue contundente: para sus integrantes, la ex presidenta Cristina Kirchner fue la “jefa de una asociación ilícita”, a la que definieron como “una enmarañada red de corrupción que se consolidó en el gobierno central”.

La imputación es gravísima, a tal punto que los jueces confirmaron el procesamiento y el pedido de prisión preventiva para la senadora por la provincia de Buenos Aires. Ambas resoluciones habían sido dictadas por el juez federal Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos.

Ambas resoluciones habían sido dictadas por el juez federal Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos.

Ya son dos las instancias judiciales que se manifestaron en el mismo sentido y aún quedan otras dos: la Cámara de Casación y eventualmente la Corte Suprema. Esto es así porque la defensa de la ex presidenta apela los procesamientos y está dispuesta a llegar hasta el máximo tribunal.

No obstante, la endeblez argumental de esa estrategia –que presenta a Cristina Kirchner como una víctima de funcionarios infieles- no le ha dado resultados hasta el momento. En cambio, la defensa política de la ex presidenta reúne más adeptos que adhieren a la “teoría de la persecución”.

De acuerdo a esta visión, la senadora es atacada por sectores de poder que, utilizando como “brazo armado” a jueces y fiscales, buscan desprestigiarla e impedir que regrese al poder en 2019. El espejo en el que se mira la ex presidenta es el de su ex colega brasileño Lula da Silva.

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Paradójicamente, esta postura no es compartida por todo el peronismo, la fuerza que sustentó a los tres gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015. De hecho, si no fuera por la posición histórica del bloque del PJ en el Senado, muy probablemente la ex presidenta ya estaría en prisión.

Ayer mismo el jefe de esa bancada, Miguel Pichetto, ratificó que “no procede el desafuero” de la ex presidenta “hasta que no haya sentencia firme”, una doctrina que –de acuerdo al senador por Río Negro- fue avalada por la Corte cuando habilitó a Carlos Menem a ser candidato en 2017.

Pero Pichetto no se quedó solamente en la discusión jurídica y calificó como una “exageración” que la Cámara federal haya confirmado la prisión preventiva de Cristina Kirchner. Se trató de un agregado personal, propio de alguien que está incómodo defendiendo a una rival política.

Es que Pichetto es uno de los principales armadores del peronismo federal, que se presenta como una alternativa al Gobierno y también al kirchnerismo de cara a las elecciones de 2019. Y ya se sabe que ese grupo acrecentaría sus chances si la ex presidenta quedara fuera de carrera.

Pero en el peronismo existe una lógica corporativa que no tienen otras fuerzas políticas en el país. Otro caso conocido ayer, como fue la condena al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, también lo comprueba. La reacción del PJ bonaerense fue inmediata, casi automática.

“No es casualidad que, a meses del proceso electoral, reactiven una causa sin pruebas ni fundamento jurídico”, sostuvo el PJ bonaerense sobre el fallo que consideró a Menéndez culpable de “fraude a la administración pública” cuando dirigía, 11 años atrás, el casino de Mar del Plata.

El mismo razonamiento, prácticamente calcado, esgrimió más tarde la ex presidenta Kirchner para acusar de su situación procesal al que denominó como “partido judicial a la carta”, que según ella actúa “a medida de Macri, de Cambiemos, de Clarín y sobre todo, del desastre de la economía”.

Por eso los jueces y los políticos –de todos los colores- transitan, una vez más, por caminos paralelos. Y cuando eso ocurre, pesan más las conveniencias que la verdad de los hechos.