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La defensa del sindicalista pidió presentar testimonios para comprobar que sufre “persecuciones políticas” en nuestro país
Balcedo y su mujer rechazan la extradición/archivo
La Justicia uruguaya fijó ayer una segunda audiencia para tratar la extradición del sindicalista platense Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege, debido a que la defensa pidió plazo para presentar testimonios que comprobarían que la pareja sufre “persecuciones políticas” en su país de origen.
La jueza que encabezó la primera audiencia para tratar la extradición, María Helena Mainard, definió que la nueva instancia se realizará el próximo 21 de febrero a las 10.00 hora local para que la defensa pueda recabar los cuatro testimonios que corroborarían su argumento.
De los cuatro testigos, tres se encuentran en el país, entre ellos la ex diputada Margarita Stolbizer, líder del partido GEN.
Balcedo y Fiege están requeridos por la justicia platense por delitos contra el orden económico y financiero en modalidad de asociación ilícita y fueron detenidos el pasado 4 de enero en una finca del departamento (provincia) de Maldonado, al sureste de Uruguay.
Durante la sesión celebrada ayer en el juzgado de Crimen Organizado de Montevideo, la defensa encabezada por Victor Della Valle y Alejandro Balbi, subrayó que se opone “rotundamente” a la extradición de sus clientes.
“Es imposible acceder (a la extradición) porque el juez (de Argentina) no tiene una imparcialidad total”, subrayó Della Valle.
En concreto, el abogado defensor aseguró que el juez que solicitó la extradición de Balcedo, Ernesto Kreplak, tiene una “actitud tendenciosa” contra el sindicalista a causa de las publicaciones realizadas en su diario, Hoy.
En este sentido, detalló que algunas publicaciones de dicho medio habrían colaborado para que el hermano de Kreplak fuera procesado por la justicia argentina.
Al respecto, Balbi acotó que hay “un grave conflicto de fondo” entre la familia Balcedo y el juez.
Por su parte, la Fiscalía uruguaya, encabezada por el fiscal Juan Gómez, explicó que en el caso de que haya una persecución política, hay que probarla, aunque ellos entienden que se han cumplido “con todos los requisitos” del tratado bilateral entre Argentina y Uruguay para hacer efectiva la extradición.
“Es absolutamente rechazable alegar motivos políticos”, agregó la Fiscalía, que señaló que es necesario “respetar los mecanismos” de ambos países.
Además, subrayó que, en caso de que se dude de la imparcialidad del juez Kreplak, la justicia argentina tiene los mecanismos necesarios para reemplazarlo en el caso.
Asimismo, tanto la Fiscalía uruguaya como los representantes de Argentina en la audiencia, coincidieron en que, aunque se apruebe la extradición, se aplazará el traslado de los acusados ya que ambos tienen una causa abierta en Uruguay por presuntos delitos de lavado de activos, tráfico interno de armas y contrabando.
Por otra parte, los representantes argentinos solicitaron que el Estado uruguayo traslade los bienes incautados en Maldonado para Argentina, ya que todo eso es fruto de sus acciones en Argentina.
Sin embargo, la Fiscalía uruguaya entiende que “por ahora” es pertinente retener los bienes en el país ya que aún se están realizando investigaciones para decretar el origen de ellos. (EFE)
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