El Concejo aprobó el aumento y desde hoy viajar en taxi cuesta 20 por ciento más

A partir de hoy a las 0 horas la tarifa de taxi cuesta un 20 por ciento más en la Ciudad. Así lo votó ayer el Concejo Deliberante, que estableció el valor de la bajada de bandera en 24 pesos y el de la ficha, en 3.

Además, el cuerpo votó la adhesión a la ley provincial 15.000 por la que se establece la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones juradas de funcionarios municipales y concejales y su publicidad en el sitio web institucional del municipio.

En el caso del aumento de los taxis, se trata del ajuste anual que viene teniendo el servicio, que el año pasado se realizó en mayo y fue del orden del 18 por ciento, llevando la tarifa de la bajada de bandera a 20 pesos y la ficha por cada 120 metros recorridos, a 2,50.

Ahora la nueva tarifa regirá hasta octubre, cuando, según se convino con los representantes del sector, volverán a reunirse para evaluar si es necesario un nuevo ajuste, dado que la ordenanza establece la posibilidad de dos aumentos anuales.

La suba, que se votó por unanimidad, fue consensuada por todos los bloques políticos del cuerpo deliberativo, a pedido de las partes que representan el sector, puntualmente los gremios y asociaciones que nuclean a los choferes y peones de taxis.

Según habían indicado los dirigentes durante una reunión de la comisión de Transporte de ese cuerpo, el aumento es “necesario”, debido a la suba de los costos de los repuestos de automotores, los combustibles y la inflación que recae sobre los choferes, fundamentalmente sobre los peones.

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Durante el tratamiento de la suba en el recinto, el titular de la comisión de Transporte, Miguel Forte, insistió con la demanda planteada por los gremios de combatir el trabajo ilegal en el sector, propiciando el “blanqueo” de los peones por parte de los dueños de taxis.

DECLARACIONES JURADAS

Por otra parte, durante la sesión extraordinaria convocada para tratar ese tema también se aprobó la ordenanza que establece la adhesión a la ley provincial 15.000, que establece la obligatoriedad para la presentación de las declaraciones juradas por parte de los funcionarios municipales y concejales, y su publicación en el sitio institucional web de la municipalidad.

La medida fue impulsada por el intendente, Julio Garro, a pedido de la gobernadora, María Eugenia Vidal, para “llevar al municipio a una situación de transparencia” en el manejo de la cosa pública y que “el ciudadano común pueda saber cuál es la situación patrimonial de los funcionarios al asumir y al irse de la gestión”.

Durante el debate, desde la oposición -que acompañó la iniciativa- se objetó que los consejeros escolares no hayan sido incluidos en la obligatoriedad, además de advertir que la iniciativa había sido “tratada con apuro”.

Puntualmente, la objeción principal radicaba en que la ley provincial sancionada el año pasado aún no ha sido reglamentada, por lo que faltan detalles de importancia sobre la modalidad de su aplicación.

Además, los bloques peronistas indicaron que la sanciones que establece la ordenanza, independientemente de la norma provincial “son vagas” frente al incumplimiento.

Pero, además, desde el FpV-PJ, el Frente Renovador y Unidad Ciudadana, reclamaron que el Ejecutivo “demuestre transparencia exhibiendo “todas las licitaciones que realiza la Comuna”, así como los proveedores y la ejecución de las obras.

“Es un derecho poder acceder a la clave del sistema de Reforma de Administración Financiera Municipal (Rafam) y no se está cumpliendo”, afirmaron desde todos los bloques.