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Los bonaerenses subsidian la energía de la Puna, le pagan la tasa de Seguridad e Higiene Municipal y el impuesto al Cheque a Camuzzi y financian un Fondo Provincial que -denunciaron- va a Rentas Generales
Por FERNANDO CORADAZZI
Mail: fcoradazzi@eldia.com
Durante la semana que pasó, el tema del aumento de tarifas ocupó los principales titulares periodísticos de la semana. La preocupación básica, tanto del oficialismo como de la oposición, fue cuál será el impacto que tendrán los incrementos de la luz y el gas durante el invierno, la época de mayor consumo del año.
Sin embargo, pocos prestaron atención a un componente de las facturas que representa más del 30% del importe total de las boletas de servicios públicos que reciben los usuarios de la provincia de Buenos Aires: los impuestos nacionales y provinciales y las tasas municipales.
En el caso de la energía eléctrica, la mayoría de los impuestos provinciales van a Rentas Generales del estado bonaerense según denunció la semana pasada el diputado provincial del Frente Renovador, Lisandro Bonelli. Son cuatro en total. Dos de esos impuestos fueron creados durante gobiernos militares (Ley 9.038 de 1978 y Decreto-Ley 7290 de 1967) y otros dos se votaron en democracia generando el marco regulatorio eléctrico (Ley 11.769) y una contribución provincial y municipal a partir del Decreto Nacional 1795 de 1992, cuando se privatizaron las empresas eléctricas estatales como fue el caso de Segba.
En el caso de la boleta de gas, al analizar los renglones impositivos ocurren fenómenos más singulares. Por ejemplo, el monto de la Tasa de Seguridad e Higiene que la empresa debe pagarle al municipio, está cargada en la cuenta de los consumidores. También debe pagar el consumidor final el denominado impuesto al cheque ( Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios , Ley 25.413) que también correspondería a la empresa, y una tasa para subsidiar consumos en zonas desfavorables como la Patagonia, Malargüe en Mendoza o la Puna.
El cálculo para implementar estos impuestos y tasas es porcentual al gasto energía eléctrica o de gas mensual, cuanto mayor es el consumo más aumenta la carga tributaria.
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Así, por ejemplo, una factura domiciliaria de Edelap – que venció el 16 de abril- con un monto total de 1011,40 pesos, se compone de 660,58 pesos de costo de energía y 320,82 pesos de impuestos. A esto se le suman 30 pesos de alumbrado público, cifra que puede variar según la categoría del empadronamiento municipal.
De esta manera, los gravámenes nacionales, provinciales y municipales representan el 32,61% de la facturación total y el 51% del costo de la energía eléctrica.
De esos 320,82 pesos de impuestos y tasas, 138,72 pesos corresponden al IVA (Ley 23.349) que grava el 21% del costo de la energía; 139,66 pesos son de impuestos provinciales (Contribución Provincial por el Decreto Nacional 1.795 de 1992; Decreto Ley Provincial 7.290 de 1967; Decreto Ley Provincial 9.038/78 y Ley Provincial 11.769 de 2004); y 42,44 pesos pertenecen a una Contribución Municipal derivada del Decreto Nacional 1795 de 1992.
Así, los gravámenes nacionales, provinciales y municipales representan el 32,61% de la facturación total y el 51% del costo de la energía eléctrica.
Para tener tarifas normales, hay que eliminar todos los impuestos, salvo el IVA” dijo Espert
En el caso de una factura domiciliaria de Camuzzi Gas Pampeana (categoría Residencial R2-3) que en el bimestre marzo/abril de este año liquidó 332,57 pesos se compone de 221,71 pesos de costo de energía y 110,86 pesos de impuestos.
Los gravámenes nacionales y provinciales más las cargas municipales, representan el 33,3% de la facturación total y el 50% del costo de la energía.
De los 110,86 pesos de cargas impositivas, 50,38 pesos pertenecen al IVA; 18,85 pesos son por tasas municipales (Tasa de Seguridad e Higiene e Impuesto Municipal); 32,27 pesos pertenecen a ingresos Brutos (que figura en la boleta como IIBB Cargo Fijo, IIBB Dist. Consumo, IIBB Tte. Consumo e Impuesto IIBB Gas Ret) y un Impuesto Provincia que grava un 9% al consumo.
Otros cargos que figuran en la factura de Camuzzi Gas Pampeana son de impuestos nacionales (9,20 pesos) a saber: Fondo creado por el artículo 75 de la ley 2556, creado para subsidiar consumos en zonas desfavorables, como la Región Patagónica, Departamento Malargüe (Mendoza) y la Puna; y el Enargas, mediante la Resolución N° 2700, autorizó a Camuzzi y al resto de las distribuidoras a trasladar el impuesto al cheque (que figura en la boleta como Ley 25.413) al usuario final, aunque en este caso no es una alícuota fija.
Para el analista económico Roberto Cachanosky, “el estado tiene que eliminar buena parte de la carga tributaria que hay en cada cuenta de luz y gas”. Y agregó: “Eso existe porque los municipios, las provincias y la nación utilizan a las empresas distribuidoras de gas y luz como entes de recaudación. Como la gente paga la cuenta de luz y de gas para que no le corten el servicio, los tres niveles del estado se aseguran ingresos fiscales”.
Cachanosky propone entonces que: “hay que pagar hasta el último centavo de lo que se consume de energía o de gas pero bajando drásticamente la carga impositiva que hoy contienen las facturas”.
Con el tono áspero que lo caracteriza, José Luis Espert afirmó que para tener tarifas normales “hay que eliminar todos los impuestos salvo IVA para que el tarifazo sea menor”.
Y propuso que las provincias “bajen salarios o echen gente hasta compensar la pérdida de ingresos. No puede ser que hasta la baja de gasto público la hagan los privados”.
“Es una guachada política -dijo el economista- que el único ajuste fiscal, la única baja de gasto público en serio (en pesos corrientes), o sea, los tarifazos, en realidad la hagan los mismos privados que pagan los impuestazos. Por eso la gente está que trina con los políticos. Y bien que tienen razón”.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, reclamó a la justicia federal que declare la inconstitucionalidad de los cargos impositivos o tributarios de las facturas de los servicios públicos esenciales.
Según informó la Defensoría del Pueblo, en la presentación Lorenzino argumentó que “los impuestos que se pagan en las facturas resultan confiscatorios”.
“El servicio de gas debe ser accesible para todas las personas, constituye el derecho a una vida digna y a la vivienda”, precisó en el escrito ingresado el viernes a la Justicia Federal de La Plata.
Aseguró que “nuestra postura contra los aumentos tiene que ver con la función de la Defensoría del Pueblo, que es la de garantizar los derechos de todos los bonaerenses. Pedir un crédito para pagar las facturas, que le interrumpan el servicio a gente con graves problemas de salud, son hechos totalmente inaceptables”.
En tanto el diputado provincial Lisandro Bonelli, del Frente Renovador presentó un proyecto de ley para disminuir la carga impositiva en las facturas de gas y otro que elimina dos tributos a la energía eléctrica de los usuarios de la provincia de Buenos Aires.
“Hace más de un año presentamos un proyecto para eliminar dos impuestos, que se crearon para costear obras eléctricas en 1967 y 1978, y los bonaerenses los siguen pagando”, explicó el diputado del Frente Renovador, Lisando Bonelli.
En el caso de la luz, el proyecto de Bonelli propone derogar los decretos 7290/1967 y 9.038/1978, además de la Ley provincial N° 10.431, para reducir los impuestos a la energía eléctrica en un 15% para residenciales y un 20% para industriales y comerciales.
Para el gas, el proyecto que ingresó en Diputados reduce del 9% al 4,5% el gravamen provincial.
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