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Por FERNANDO BALLINA BENITES
Ingeniero
Los equipos para uso médico han tomado una importancia sustancial en la práctica médica. Son bienes con efecto directo sobre la vida humana. Por lo tanto, es importante controlar su estado para que la tecnología de un centro de salud sea fiable y esté disponible cuando se la necesita para procedimientos diagnósticos, tratamiento y seguimiento de los pacientes.
Si bien existen exigentes regulaciones para la fabricación y puesta en el mercado de los dispositivos médicos, en nuestro país y en casi toda Latinoamérica, abunda un vacío en materia de regulación sobre el equipamiento médico en uso en las instituciones de salud. Solo existe algún tipo de control sobre los equipos productores de radiaciones ionizantes y no ionizantes los cuales en su mayoría refieren a equipos de diagnóstico por imágenes (equipos de Rayos X, Tomógrafos, etc) como así también sobre la radioprotección del paciente y del operador del equipo. Esto significa que nadie está obligado a controlar el equipamiento que interactúa con los pacientes; todo queda sujeto a que cada organización posea el conocimiento y la responsabilidad necesaria para tomar medidas de control por su cuenta.
Luego del fallecimiento de la reconocida periodista Débora Perez Volpin, el tema del control del equipamiento médico en uso tomó estado público. Basta con realizar un simple búsqueda en internet para observar que en las notas periodísticas que cubren el tema se menciona y pone en duda el estado y mantenimiento del equipamiento médico usado.
Desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en 2013, se conformó un grupo interdisciplinario entre los Institutos de Salud y de Ingeniería y Agronomía con el fin de redactar un proyecto de Ley con el fin de plantear las bases de regulación del equipamiento médico en uso en la provincia de Buenos Aires. Una especie de “VTV” como la que se utiliza para los automóviles, pero en este caso dirigida al equipamiento médico. El proyecto incluyó la creación de un registro del equipamiento médico existente en las instituciones públicas y privadas de salud. Pues el estado no solo no controla lo que se usa, además no sabe lo que está en uso en las instituciones de salud públicas y privadas.
Conocer cuál es la tecnología en uso en el territorio provincial permite además planificar mejor los recuros físicos de salud. De esta manera se contribuiría al desarrollo de estrategias de desarrollo de redes de salud, con el objetivo de mejorar la accesibilidad al sistema de Salud, y así colaborar en dar respuestas al problema de la fragmentación de nuestro sistema de salud.
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A fines de 2013 se sancionó la Ley 14583 la que establece un régimen de regulación y fiscalización de equipos médicos en uso, en relación con su aptitud técnica en términos de seguridad y eficacia en las instituciones de salud pública y privada en la provincia. La norma en cuestión pone a las Universidad Nacionales en primer término como las encargadas de realizar “la verificación técnica, ensayo o calibración” según corresponda.
El mismo grupo que redactó la Ley colaboró en el proyecto de reglamentación de la misma. Luego de atravesar un complejo camino administrativo y de llegar a su etapa final, el proyecto de reglamentación(1) duerme el sueño de los justos en el Ministerio de Salud Provincial. En el ámbito nacional también existe una norma de similares características que, del mismo modo, aún no se ha reglamentado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que los dispositivos médicos son esenciales para que la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades y dolencias; también que estos deben ser seguros y eficaces. Además suscribe que el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, depende de que se fabriquen, regulen, planifiquen, evalúen, adquieran, gestionen y utilicen dispositivos médicos de buena calidad, seguros y compatibles con los entornos que se emplean.
La actual implicancia de la utilización de los equipos médicos en los servicios de salud, hace perentorio que se considere su control, en beneficio de una mejor planificación, mayor calidad de las prestaciones y mayor acceso de los usuarios. Pes por eso que resulta crucial la reglamentación de la Ley 14583, para comenzar a controlar el equipamiento médico en uso en la Provincia de Buenos Aires.
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