El drama de las esclavas sexuales en la Provincia: tortura, violación y encierro

El padecimiento de las mujeres tomadas cautivas y obligadas a prostituirse “comienza con la captura o cooptación, pero en realidad no tiene fin”, asegura Margarita Meira, referente de la agrupación Madres de las Víctimas de Trata.

Meira conoce la situación en profundidad. Su hija, Graciela Susana Bekter, tenía 17 años cuando fue asesinada en 1991 en circunstancias muy similares a las que hoy ella pelea por detener.

“Estoy en la lucha contra la trata desde hace 26 años”, el tiempo que hace que mataron a Bekter, asegura, y durante este lapso ayudó a “las chicas” a transitar por el arduo camino de la recuperación desde que son rescatadas.

El mecanismo de secuestro y explotación es tan simple como siniestro: apenas se hacen con la víctima, comienzan los abusos.

A las repetidas violaciones se suma la imposición del consumo de drogas y alcohol y, muchas veces, la tortura.

“La mayoría viene con quemaduras de cigarrillos en el cuerpo”, aporta Meira.

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La cuestión con las sustancias tiene un objetivo claro: volverlas adictas, otra forma de esclavitud que suele retenerlas al menos hasta que vuelven a estar sobrias.

Lo que buscan los responsables con este procedimiento, explica Meira, es “quebrarlas para que no intenten huir en el corto plazo”.

En 2017, las víctimas de trata sexual rescatadas en los diversos operativos realizados por las autoridades provinciales en todo el territorio bonaerense, fueron 95.

Por otra parte, en lo que va de este año, ya suman 24.

“Regionalmente, los casos de captación se dan mucho en provincias del norte del país, en tanto que la explotación es más común en el centro y en el sur”, explica un especialista.

Asimismo, remarca que “es un tema sumamente serio y persistente, que a pesar de los esfuerzos de Argentina de más de 10 años, no cesa”.

En ese sentido, desde el Estado se busca una política que sea más eficiente en “perseguir y sancionar el delito, reparar y reconstituir a las víctimas y prevenir para que no ocurra más”.

De esa historia, que se multiplica con cada nueva violación a la que son sometidas, deben volver a una vida “normal”.

Ese proceso tiene ejes diversos, es largo y complejo.

El estado hace su parte, que para Meira no es suficiente.

Contención y asistencia

Por otro lado, una fuente de la Dirección Provincial de Lucha Contra la Trata señaló que como “la trata es un delito federal (aquellos que fueron cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio nacional, o en los lugares sometidos a la jurisdicción argentina), una vez que dejó de intervenir el programa de Nación entramos nosotros, que somos el punto focal en la Provincia”.

Allí funciona un equipo interdisciplinario de más de 20 personas, que “trabajan los 365 días las 24 horas”, con turnos asignados y guardias.

Al personal lo componen profesionales de diversas ramas, como abogados, asistentes sociales, antropólogos, psicólogos, entre otros; que son los encargados de realizar -en conjunto, cada vez- la entrevista.

Y siempre, resaltan, se trabaja con la voluntad de la víctima como parámetro de los pasos a seguir y los objetivos que se quieran trazar.

“Es fundamental comprender que las personas que asistimos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad que son aprovechadas por los explotadores para captarlas e introducirlas y retenerlas en el sistema. Eso hace que nos encontremos con personas que naturalizan todos los mecanismos de explotación, disciplinamiento y sometimiento, al punto de quedar reducidas a condición de objeto”, arguyen los voceros.

Remarcan, además, que “el procedimiento posterior, esto es, cuando la persona sigue un tratamiento particular o quiere retornar a su país o provincia de residencia, también está coordinado por el Estado”.

En cuanto al proceso de asistencia psicológica, un portavoz del equipo que otorga asistencia distinguió la importancia de “contar con una perspectiva de género como herramienta fundamental para el acompañamiento de las víctimas”. Pero también marcó que debe haber una “distancia óptima” que “nos permite escuchar, asistir y acompañar con una implicación adecuada a la situación”.

Desde la Defensoría General de la Nación, se advirtió que todavía hay fallas en el sistema de investigación y que la justicia no llega a los “máximos responsables” de las redes de trata.

Curiosamente, en los últimos cuatro años las denuncias por estos casos aumentaron, al tiempo que la cantidad de rescates descendió.

Por último, en octubre del año pasado, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, firmó la normativa que creó el Fondo Rotativo de Abastecimiento, dotado de un millón de pesos para ayudar “de manera inmediata” a víctimas de trata de personas y otros delitos para que reciban tratamientos de recuperación física y emocional.

El fondo, de acuerdo a la reglamentación, se usará “cuando surjan demandas que a criterio de la Dirección Provincial del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima o de la Dirección Provincial de Lucha Contra la Trata de Personas, dependientes del Ministerio de Justicia, requieran urgente satisfacción”.

más que un delito común

La solución a la trata es “muy difícil”, concluye Meira. En ese sentido, resalta que “no se necesitan leyes nuevas, para empezar basta con hacer cumplir las que están”.

Finaliza con un pedido, que, está convencida, puede tener un impacto en la sociedad que empuje al cambio: “Queremos que la trata sea considerada como un delito de lesa humanidad”, dice.

En los últimos 4 años las denuncias aumentaron, pero los rescates descendieron