Código de Convivencia se llama y, aunque suene obvio remarcarlo, sirve para ordenar la vida en sociedad.
No debiera llamar la atención que se intente reformarlo para, así, adecuarlo a las nuevas demandas que requiere la Ciudad.
Las aspiraciones del Poder Ejecutivo local -que desde el recambio en diciembre de 2015 promete un nuevo Código- deberá ahora pasar el tamiz del Concejo Deliberante.
La letra fría del acuerdo al que se llegue por consenso -o por la imposición de las mayorías en el cuerpo deliberativo- podrá aumentar las penas y las multas para diversas actividades que se consideren fuera de toda norma; se podrá penar a los vecinos por ruidos molestos, o se podrá regular o castigar la protesta social. Pero nada de lo que contenga el texto final del Código tendrá valor si no existe un generalizado convencimiento de que debe ser cumplido.
El poder político, entonces, tendrá la responsabilidad de castigar las faltas y los ciudadanos, a su vez, deberán asumir la no menos importante obligación de respetarlo.
No son leyes, códigos y ordenanzas las que faltan en la sociedad. El bien, por cierto escaso en estas tierras, es el de la voluntad de cumplir lo que esas normas dictan.
No es lógico, ni tampoco habla de una sociedad sana, una sociedad en la que en las calles sólo se impone la ley de la selva.
No es lógica una Ciudad en la que cuatro manifestantes se arrogan el derecho a cortar durante toda una mañana la esquina de 7 y 49. No habla de una sana convivencia social una urbe en la que los manteros toman las veredas como propias. Flaco favor le hace al bien común la desaprensión de los vecinos que, sin importarle siquiera la molestia que le ocasionan a quien vive puerta de por medio, hace y desahace a gusto y placer.
Fijar normas y reglas claras de convivencia, seguramente, servirá y mucho. El poder político debe, sin embargo, saber que si la comunidad aprende a respetar los límites que se le fijen, luego premiará o castigará con votos, a quienes no hagan cumplir las normas que se les imponen.
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