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El desconocimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense para los gremios docentes podría acarrearle a SUTEBA una multa millonaria. Así lo sostienen desde el gobierno de María Eugenia Vidal, mientras desde el sindicato que conduce Roberto Baradel, que ayer se plegó a un paro nacional decretado por CTERA, se aduce que “no existe ningún desacato”.
La discusión tiene una trama compleja, que se comenzó a hilar la semana pasada, cuando el Frente Gremial Docente -que integran SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET- decidió parar por 72 horas en todo el territorio de la Provincia. La cartera laboral, como respuesta, puso en marcha los mecanismos de conciliación, que implican una suspensión durante quince días hábiles de cualquier jugada que cambie la situación preexistente, y conmina a las partes el litigio a buscar una solución mediante el diálogo.
Esto fue acatado por todos los nucleamientos de trabajadores de la educación menos SUTEBA, que de acuerdo con fuentes oficiales nunca remitió la nota de aceptación correspondiente, y optó por descartar la huelga de tres días para plegarse a una de dos, resuelta por la central nacional CTERA. En la práctica, esto significó que ayer sus afiliados no volvieran a ponerse al frente de la aulas, como tampoco lo harán hoy.
Esta movida es considerada por la Provincia como irregular, por lo que se comenzó a barajar una sanción que podría llegar a alcanzar los 600 millones de pesos, a partir de lo estipulado por la normativa vigente que prevé una dura multa por cada afiliado, relacionada con porcentajes de su salario mínimo.
En el SUTEBA aseguran que el paro de ayer y hoy “no es violatorio de la conciliación dictada por la provincia de Buenos Aires, porque es una medida de fuerza que no estuvo objetada, intimada ni cuestionada por las autoridades gubernamentales nacionales”. Roberto Baradel subrayó que “con amenazas de multa se intenta ocultar el abandono en el que se encuentra hoy la escuela pública de la Provincia”, y agregó que “sólo en dictaduras y gobiernos autoritarios se ha ejercido la coerción de cobrar multas millonarias, quitar personerías gremiales o intervenir sindicatos”.
Sin embargo, las autoridades no piensan en dar marcha atrás. “Todos los gremios actuaron de acuerdo con los procedimientos que marca la ley, menos SUTEBA que no respondió formalmente a la conciliación y además hizo paro” se escuchó en los pasillos de la Dirección General de Cultura y Educación: “vamos a verificar el acatamiento al paro, y luego comenzaremos con el procedimiento de multa”.
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