Bonadio pidió autorización al Senado para allanar propiedades de Cristina

El juez federal Claudio Bonadio pidió autorización al Senado para allanar los domicilios y el despacho de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en una causa en la que se investiga si formó parte de una red de sobornos de empresarios a funcionarios de su Gobierno.

Según informaron fuentes del Senado, la petición ya ingresó a la Cámara alta, y será esta la que decida si permite que se hagan los allanamientos, ya que la ex presidenta cuenta con fueros parlamentarios.

La vicepresidenta Gabriela Michetti, anunció además que convocó a una sesión especial, para la semana próxima, para tratar el pedido del juez Bonadio.

El magistrado de la causa -que está bajo secreto de sumario- planea ordenar registros de los tres domicilios de la ex jefa de Estado: el apartamento del barrio de Recoleta de Buenos Aires y sus dos casas de las localidades patagónicas de Río Gallegos y El Calafate.

También de su despacho del Congreso, donde recaló tras las elecciones de octubre de 2017 en las que salió elegida senadora.

A finales de ese año, en el marco de otra causa, Bonadio solicitó a la Cámara de Senadores que debatiera y aprobase despojar de sus fueros a la ex mandataria, con el fin de enviarla a prisión preventiva por estar acusada del encubrimiento de los sospechosos iraníes de cometer el atentado a una mutua judía de Buenos Aires en 1994.

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Sin embargo, el Senado -en el que ningún grupo tiene mayoría absoluta pero en el que prevalece la oposición peronista no ha avanzado al respecto.

Aunque está previsto que el juez haga un nuevo pedido de desafuero, Bonadio no lo ha hecho efectivo.

En los últimos dos días, más de una docena de personas, entre empresarios y ex funcionarios de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández, fueron detenidos acusados de integrar una “asociación ilícita” con la que distintas sociedades se beneficiaban de contratos gracias al pago de coimas.

La ex presidenta deberá acudir a declarar como imputada el 13 de agosto próximo.

La investigación judicial, iniciada a partir de una serie de informaciones publicadas por el diario La Nación, se sustenta en los manuscritos de Oscar Centeno, quien fuera chófer de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación.

Esas anotaciones figuran en 8 cuadernos del tipo escolar, a cuyas fotocopias accedió La Nación. Los originales aún no fueron encontrados por la Justicia.

En esos cuadernos, Centeno dejó apuntados con detalle durante más de una década los recorridos que supuestamente hacía con su jefe y otros exmiembros del Gobierno para recaudar bolsos con millones de dólares que empresarios destinaban presuntamente a funcionarios con el fin de favorecer la concesión de contratos de obra pública.