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Empresarios y ex funcionarios comenzaron ayer a declarar. El ex chofer de Roberto Baratta aceptó la autoría de los cuadernos. Trascendió que Cristina Kirchner figura en la causa como líder de una “asociación ilícita”
Empresarios y ex funcionarios comenzaron ayer a declarar en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, en la causa que investiga un nuevo escándalo de sobornos, bautizado como “cuadernos de la corrupción”, que salpican a la ex presidenta Cristina Kirchner y a una empresa vinculada a la familia del mandatario Mauricio Macri.
Para el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, Néstor y Cristina Kirchner fueron los jefes de la asociación ilícita armada para recaudar coimas de empresarios con contratos con el Estado, que quedó al descubierto con el relato de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, funcionario de confianza de los Kirchner y Julio De Vido.
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“El dato surge de la acusación que les leyeron a los empresarios y exfuncionarios detenidos como parte de la investigación judicial”, según reveló anoche el portal de Clarín.
En la causa hay 14 detenidos, 4 prófugos y 8 más que están citados a indagatoria en los próximos días.
El chofer Oscar Centeno, autor de las anotaciones, y un ex suboficial del ejército, fue interrogado ayer por el magistrado y optó por declararse como arrepentido, admitió la autoría de los cuadernos y se acogió a un defensor público.
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Pero en el allanamiento que realizó ayer el fiscal Carlos Stornelli a su domicilio, ubicado en la localidad de Olivos, no se encontraron los cuadernos originales. Hasta ahora el juzgado de Claudio Bonadio trabaja con las fotocopias de esos cuadernos del tipo escolar.
Centeno está señalado como parte de una asociación ilícita destinada al pago y cobro de sobornos. Y era parte de la movilización de esos fondos, según se investiga en la causa.
Todos los detenidos fueron trasladados ayer por la mañana a Comodoro Py. Y todos, menos Gerardo Ferreyra, guardaron silencio. El empresario K dejó unas pocas palabras al subir al móvil policial que lo dejó en Tribunales: “Esto es un show mediático. No pagué coimas”.
Según la Fiscalía, los presuntos sobornos habrían alcanzado unos 160 millones de dólares.
El juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la investigación, analiza el contenido de ocho cuadernos escolares en los cuales el chofer del ex número dos del ministerio de Planificación registró presuntos retiros y entregas de bolsos con dinero entre 2005 y 2015, años en que gobernaron el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).
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Según los cuadernos, que detallan con meticulosidad montos, recorridos y puntos de recogida y de entrega de maletines con dólares en efectivo, los sobornos fueron utilizados para obtener la adjudicación de obras públicas.
Para el ex Auditor General de la Nación, Leandro Despouy, el caso “implica un gran número de empresarios, no son solo funcionarios”. Y agregó: “Puede ser el inicio de un ‘Lava Jato’ en Argentina”, declaró Despouy en referencia al enorme escándalo de corrupción de Brasil.
Según el ex funcionario, lo más probable es que los empresarios colaboren con la justicia y se declaren víctimas de extorsión por parte del Estado.
Las detenciones realizadas en la madrugada del miércoles incluyen a Roberto Baratta, que era un subsecretario pero en los hechos era el segundo del ministerio de Planificación y para quien trabajaba el chofer Centeno.
También fueron arrestados los empresarios Gerardo Ferreyra, de la constructora Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, exgerente general de IECSA, la constructora que pertenecía a Ángelo Calcaterra -primo del presidente Macri-, que provenía del grupo Socma (Sociedad Macri).
“Jamas pagué coimas (sobornos). Esto es un circo mediático”, se defendió Ferreyra este jueves cuando fue trasladado esposado para declarar ante el juez.
Otro de los detenidos es el ex subsecretario legal de Planificación Federal Rafael Llorens, y el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el empresario Carlos Wagner.
Los cuadernos que dieron origen a la causa fueron entregados por una fuente reservada a un periodista del diario La Nación.
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