El Parlamento Europeo aprobó ayer una propuesta para obligar a las “empresas de internet” como Facebook, YouTube o Twitter, entre otras, a retirar de sus servidores el “contenido terrorista” en un plazo máximo de una hora tras recibir una orden de las autoridades.
La formulación definitiva del texto de la iniciativa -que fue aprobada con 308 votos a favor, 204 en contra y 70 abstenciones- deberá ser negociada por el nuevo Parlamento que surja de las elecciones de mayo.
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De todas formas, hay un acuerdo para que las empresas que “de manera sistemática y persistente” incumplan la ley sean sancionadas con hasta el 4 por ciento de su facturación global, según informó la Eurocámara en un comunicado publicado en su sitio web.
Cuando las compañías que alojan contenido subido por sus usuarios (como las redes sociales, por ejemplo) reciban una orden de la autoridad competente, tendrán una hora para retirar el contenido o bloquear su acceso desde cualquier punto de la Unión Europea.
Sin embargo, no estarán obligadas a examinar toda la información que reciben o publican de manera preventiva, ni a buscar de manera proactiva elementos que revelen una actividad delictiva.
En el caso de las empresas más pequeñas, los eurodiputados decidieron que, en el caso de la primera orden de retirada de contenido terrorista, las autoridades tendrán que contactar a la compañía para ofrecerle información sobre los procedimientos al menos doce horas antes de emitir la orden.
Si una empresa ha sido objeto de un número sustancial de órdenes de retirada, las autoridades pueden pedirle que aplique algunas medidas específicas adicionales, como informar regularmente o incrementar su personal.
Pero los eurodiputados estuvieron de acuerdo en no imponer la obligación de vigilar todo el contenido subido a la plataforma, ni el uso de filtros automáticos.
“Hay un problema evidente con el material terrorista que circula sin control por internet. Esta propaganda puede vincularse a ataques terroristas concretos y las autoridades nacionales deben actuar con determinación”, afirmó Daniel Dalton, el legislador británico ponente parlamentario del texto.
“Cualquier nueva legislación debe ser efectiva y proporcionada si queremos salvaguardar la libertad de expresión. No podemos acabar con una vigilancia general de todo el contenido”, matizó en declaraciones distribuidas por el Parlamento Europeo.
La iniciativa considera “contenido terrorista” a cualquier material -texto, imagen, sonido o video- que incite o induzca a cometer, o contribuir a cometer, delitos terroristas, o a participar en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de información, medios materiales o financiación.
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