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"Oficiales de cumplimiento” se encargarán del control y la Provincia movilizará inspectores del Ministerio de Producción
El gobierno de María Eugenia Vidal envió al Senado el proyecto de ley de góndolas para la Provincia, que prevé multas millonarias, decomisos y clausuras para los supermercadistas que abusen de su posición dominante de compra ante proveedores y que no den lugar a las Pymes en los estantes y heladera de mercaderías.
El proyecto, al que tuvo acceso EL DÍA, fue anunciado por la Gobernadora este mediodía en el marco del paquete de medidas de alivio para los sectores medios frente a la crisis y el aumento de la inflación.
El objetivo de la ley, que replica para el territorio bonaerense el proyecto que se discute por estas horas en el Congreso de la Nación, es alentar la competencia para la oferta de productos en las góndolas de los súper e hipermercados.
Por eso, prohíbe una serie de prácticas que define como “abuso en la posición de compra” por parte de los súper hacía los proveedores, para la comercialización de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza.
El proyecto que fue enviado esta mañana al Senado se terminó de redactar el fin de semana por el equipo de trabajo que formaron los ministros de Economía, Hernán, Lacunza, y de Producción, Javier Tizado.
Los lineamientos centrales fueron tomados de modelos que ya se aplican en distintos países. Concretamente, se adoptó una norma del Reino Unido, “una de las más exitosas en su implementación”, sostiene el proyecto.
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La ley de góndolas bonaerense tiene dos ejes centrales. El primero, evitar que los supermercados tengan prácticas abusivas que en los hechos terminan impidiendo que las pequeñas y medianas marcas puedan colocar sus productos en su sistema de ventas. Los supermercados, por ejemplo, no podrán imponer requisitos que directa o indirectamente tengan como efecto excluir a proveedores “sin justificación”. Tampoco podrán trasladar a los proveedores las promociones o descuentos que apliquen ellos en sus ventas, ni imponer cargos o compensaciones sin cuerdo.
Además, los supermercados ya no tendrán, una vez que se sancione la ley, permitido imponer a las empresas proveedoras de productos la obligación de contratar servicios como transporte, almacenaje o guarda en frío. Ni modificar unilateralmente las condiciones de entrega y recepción de la mercadería.
Según desliza el proyecto en sus fundamentos, se trata de prácticas comerciales “habituales” que “imposibilitan la entrada de proveedores más pequeños a las grandes superficies comerciales”.
El otro eje del proyecto es el reparto de espacios en las góndolas. La ley apunta a que haya un esquema de reparto que impida posiciones privilegiadas de determinadas marcas y que se asegure un espacio visible para los productos de pequeñas y medianas empresas. Por eso, ninguna marca podrá tener más del 30 por ciento de la góndolas, mientras a las Pymes siempre se le deberá reservar un 10%. Los supermercados, además, estarán obligados a rotar los productos.
Para cumplir estas nuevas disposiciones, habrá “oficiales de cumplimiento” que serán designados por los supermercados. Pero además, la Provincia movilizará inspectores del Ministerio de Producción.
Para quienes incumplan, el proyecto que impulsa la gobernadora Vidal prevé multas de entre 10 mil y 50 millones de pesos; decomiso de mercadería y clausuras de hasta 30 días.
Este mediodía el proyecto ingresó al Senado de la Provincia. Si hay consenso, podría tratarse “sobre tablas” en la sesión convocada para mañana.
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