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MARTHA PELLONI (*)
La participación y rol activo de la sociedad, del pueblo, de cada localidad, es indispensable para conocer sus derechos, ejercerlos, defender su espacio y ayudar así a prevenir o atacar el problema de la trata de personas y el negocio de la droga.
El Estado no puede diseñar y llevar adelante la solución de este problema en soledad.
Es una violación a los derechos humanos, llevada adelante por organizaciones que a través del engaño, amenazas o cualquier otro ardid, captan y trasladan a personas para explotarlas. El intercambio permanente de la sociedad y el Estado ayuda a diseñar dispositivos y respuestas estatales posibles, adaptadas a cada realidad y flexibles, ajustándose a los cambios que sean necesarios. Los medios empleados por los explotadores son el engaño, el fraude, la violencia, la intimidación o coerción, el abuso de autoridad o situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o beneficios, esto último para obtener el consentimiento de la víctima. La droga juega un rol fundamental y es un elemento concurrente con la trata. Por eso es importante dar la debida atención a las víctimas, que tienen que estar separadas de la persecución y la sanción a los autores del delito. Deben ser apartadas rápidamente del expediente judicial, que sanciona la comisión del delito. Hay que cambiar el paradigma de trabajo; hacia la promoción de los Derechos Humanos de las víctimas. Entre otras cosas, tenemos que implementar políticas públicas tendientes a erradicar y prevenir, impulsar acciones de prevención y defensa contra la trata de personas adecuar la legislación nacional a los Tratados Internacionales y retomar y reforzar los “Principios de Universalidad, Inalienabilidad e Indivisibilidad de los Derechos Humanos”, aplicados a la trata.
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