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Ricardo Rosales
Ricardo Rosales
Modelo de refinanciación de la deuda “a la uruguaya”, la salida “portuguesa” a la crisis, o el caso de Ucrania con el Fondo Monetario Internacional, o directamente la “dolarización” como solución a la crisis económica argentina suena en estas últimas semanas como un probable programa que adoptaría Alberto Fernández, si fuera electo presidente el próximo 27 de octubre. El mismo candidato Fernández, que comparte formula con Cristina Kirchner, se pronunció a favor del caso portugués y de Uruguay como ejemplos a adoptar por el país si llega al Gobierno.
Las definiciones de Alberto Fernández lucen razonables, pero no dicen toda la verdad. La aplicación de algunos de estos casos parecen, a simple vista, como una solución mágica para la Argentina, que eludiría otro ajuste o nuevos sacrificios económicos a la sociedad. Ningún candidato en campaña habla de planes de ajuste, de recortes o de default de la deuda, pero los ejemplos en danza tienen un aspecto común e ineludible: la estricta disciplina fiscal con metas de superávit, reformas económicas y la supervisión del Fondo Monetario Internacional.
El plan de dolarización que proponen algunos sectores como formula para cortar de una vez con la inflación y el desequilibrio fiscal es el primero en descartarse por la mayoría de la oposición o el oficialismo, aunque por razones políticas, no tanto las técnicas. Esa vía es considerada “impracticable” e imposible de pasar por el Congreso. La versión más light bimonetaria (dólar-peso) corre con la misma suerte y la “maldición” de la convertibilidad de los ´90. En cuanto a las restantes mencionadas en el búnker de Alberto Fernández, aparecen impracticables o al menos contradictorias con las propuestas de campaña de “ponerle dinero en el bolsillo de la gente”, mejorar los salarios, las jubilaciones y tener un dólar “recontraalto”: esto supone una política fiscal expansiva, diferente de una estricta disciplina fiscal.
El modelo uruguayo con la deuda fue bastante sencillo: estirar los plazos de vencimientos, sin quita de capital y reconociendo el pago de los intereses. La otra cara de la moneda fue la crisis que transitó Uruguay en el 2002 con un nivel de desocupación del 18 por ciento, fuerte recesión y un salto del dólar superior al 100 por ciento. La reestructuración se realizó sobre la base de un ajuste fiscal que demostrara a los acreedores que el país tendría suficiente solvencia para afrontar el nuevo programa financiero. En el 2004 el superávit primario (previo a los servicios de deuda) del estado uruguayo llegó a 4 por ciento del PIB. La Argentina podría llegar a fines de año con un déficit de la Nación del orden del 1 por ciento a 1,5 por ciento. Algunos estudios económicos sostienen que sin un superávit del orden de al menos de 1,5 por ciento del PIB en el 2020, la Argentina no tendría capacidad de pago, sin considerar quién gane la elección de octubre, Macri o Fernández.
El ejemplo portugués no fue menos duro en sacrificio fiscal y de la población. En medio de la crisis, Portugal pidió la intervención conjunta del Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) que se mantuvo entre el 2011 y el 2015. En los primeros tres años el desempleo aumentó del 8 por ciento al 17 por ciento y los salarios públicos tuvieron un recorte de 20 por ciento al 25 por ciento. A fines del 2014 comenzó una recuperación que habrían permitido recién en el 2019 recobrar el nivel salarial del 2011. Algunas de las metas solicitadas por la el FMI, BCE y CEE fue la reducción de los salarios públicos, la reducción de los agentes del estado, una reforma laboral y el equilibrio fiscal, que se mantuvo cercano a cero. Otra diferencia fundamental es la política monetaria, que no la define ese país y tiene un impacto directo sobre la inflación. Portugal es parte de la Unión Europea y la estabilidad del euro la define el BCE. En el 2015 –precisamente- Portugal regreso a los mercados de capitales con el respaldo del BCE.
Y el último ejemplo que surge exitoso con respecto a la deuda es el de Ucrania en el 2015, luego de mantener un superávit primario promedio del 3 por ciento. Con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y un programa que se renegoció en varias oportunidades, la deuda concentrada en unos pocos fondos de inversión, se refinanció con una quita del 20 por ciento, con mayores plazos y intereses más altos, más un cupón de crecimiento, similar al usado en la Argentina en el negociación del 2005. El FMI que negoció un programa de varios años, impuso algunas condicione como un aumento del precio del gas y del resto de las tarifas, una reforma anticorrupción, reordenar el sistema fiscal y el equilibrio presupuestario.
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En definitiva, los ejemplos mencionados no dan margen para imaginar soluciones incruentas, sin ajuste en el gasto y disciplina fiscal. La restricción económica excede al candidato que sea electo en octubre y los fracasos del oficialismo en los últimos años. El repudio a las salidas sin costo, ya sea con emisión monetaria, cepo cambiario o variantes similares, tampoco surgen viables. A fines de año la Argentina habrá acumulado 9 años de estancamiento económico que probablemente se extienda a una década en el 2020. Y si miramos más atrás, varias décadas de crecimiento mínimo, negativo si se compara con lo ocurrido en la mayoría de los países de la región.
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