El debate por Venezuela que revolvió las aguas

Columnista de EFE

El apoyo del Gobierno de Alberto Fernández al informe de la ONU que denunció violaciones de los derechos humanos en Venezuela ha agitado las aguas del oficialismo, después de que populares rostros identificados con la facción kirchnerista más dura, que siempre fue afín al chavismo, denunciaran que se ha dado un giro en la política exterior.

Desde que en diciembre pasado el peronista Alberto Fernández llegó al poder, tras ganar las elecciones con la ex jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, hasta ahora no se habían visto desavenencias tan marcadas entre las principales alas del gobernante Frente de Todos, al menos de forma pública.

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; la exembajadora en Venezuela y Reino Unido Alicia Castro y el dirigente social Luis D’Elía salieron a la palestra a mostrar su rechazo a que la Cancillería, comandada por Felipe Solá, decidiera votar a favor del informe, el martes pasado, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

Ese estudio, presentado por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunciaba entre otros asuntos el “alto número” de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de “operaciones de seguridad” y obstrucciones a los partidos opositores en los preparativos para las elecciones legislativas que Venezuela celebrará el 6 de diciembre.

Anabella Busso, profesora de política internacional de la Universidad Nacional de Rosario, hace hincapié en que en Argentina el tema de Venezuela está “excesivamente politizado” dentro de la política local y hay una “sobreactuación” sobre lo que cada sector político piensa al respecto.

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Por un lado ve que la formación gobernante, compuesta de varias facciones del peronismo pero también por otros grupos de izquierda, tiene que hacer “un gran esfuerzo” en constituirse en una coalición de Gobierno, lo que implica avanzar en posturas comunes en temas complejos como este. Y por otro, considera que la oposición instala “permanentemente” como criterio de “mención ideológica de hacia dónde va el Gobierno” cada cosa que el Ejecutivo dice respecto a Venezuela.

En medio de la preocupación por la situación económica y la pandemia del coronavirus, que ya deja en el país casi 23.000 muertes, el presidente Fernández, cuyas apariciones públicas y entrevistas en medios de comunicación son constantes, no se ha manifestado en toda la semana acerca de la polémica por Venezuela. Solo el viernes, en un acto de entrega de viviendas sociales lanzó una sugerente frase en favor de la unidad. “Que no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen”.

En rigor, esta última controversia por Venezuela se remonta a finales de septiembre, cuando el representante argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, denunció el “asedio” contra el Gobierno de Maduro y criticó que haya una “interpretación sesgada” de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países.

Esto llevó a la Cancillería a lanzar un comunicado que subrayaba que la posición argentina sigue siendo apoyar la necesidad de que se “restablezcan plenamente las instituciones democráticas” en Venezuela y mostraba “gran preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos” que se reportan en el informe de Bachelet y en el de expertos independientes.

Para diversos analistas, el Gobierno de Fernández mueve los hilos de su política exterior mirando de reojo a Estados Unidos, por la influencia que tiene ese país -uno de los principales detractores del chavismo- en el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Argentina negocia el pago de un millonario préstamo.

Para Busso, que también es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el actual no es un contexto en el que Argentina se pueda “dar el gusto” de ideologizar 100 % su política exterior, aunque no cree que el país avalara el informe de Bachelet “exclusivamente” por supuestas presiones del FMI o de EE UU.

Y es que para ella la decisión no supone “un cambio de opinión tan drástico” respecto a lo que venía promulgando Alberto Fernández sobre el país caribeño, ya que sigue reconociendo a Nicolás Maduro como presidente y condenando las sanciones internacionales contra su Gobierno.