En la oposición advierten que el tema del Procurador puede llegar a la Corte

La diputada nacional de Consenso Federal Graciela Camaño aseguró que si el oficialismo modifica en el Senado la forma de elegir al Procurador General de la Nación el tema llegará a la Corte Suprema de Justicia.

“Habrá un examen de constitucionalidad en el Senado que es político, pero hay otro examen de constitucionalidad que es jurídico, y cuando el kirchnerismo quiso hacer reformas judiciales contra la Constitución la Corte le ha dicho que no”, advirtió la legisladora cercana políticamente al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna.

La iniciativa que impulsa el oficialismo en la Cámara alta modifica el requisito de los dos tercios de votos del Senado para nombrar al Procurador General, al cambiar esta fórmula por la de la mayoría simple, entre otros puntos.

“Mucho me temo que si cometen este error tendrán el escándalo político y mediático, y luego tendrán el examen de constitucionalidad ante la Corte”, insistió Camaño.

La referente “lavagnista” indicó que el proyecto “no se corresponde con lo establecido por el artículo 120 de la Constitución”, y explicó que el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa es “un suprapoder, que está por fuera de los tres poderes del Estado”.

“Tenemos que bregar por su independencia, y si se le ponen cláusulas que no tienen la lógica de asegurar la independencia es inconstitucional”, aseveró.

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El Ministerio Público tiene bajo su ejido los delitos del poder: el narcotráfico, el terrorismo, los delitos de los funcionarios públicos, la trata de personas, la evasión financiera, “y son importantes porque influyen en la posibilidad que tenga este país de salir adelante”, consideró Camaño.

“Necesitamos una legislación de fondo para estos delitos importantes, en una discusión donde participen todos los sectores políticos y judiciales”, afirmó.

Mientras, acerca de si debieran suspenderse las elecciones PASO de 2021 afirmó que “es un tema que hay que discutir”. “Con algunos compañeros de bloque presentamos en abril un proyecto para constituir una comisión que comenzará a mirar cómo no tener ese gasto innecesario, pero a la vez buscar un mecanismo para resolver los conflictos internos que pudieran tener los partidos”, concluyó.

Reglas de juego

El extitular de la UCR y otrora senador Ernesto Sanz, por su parte, opinó que las reformas en el Ministerio Público Fiscal y en otras áreas de la Justicia que propicia el oficialismo “responden a un plan” y afirmó que en la coalición opositora Juntos por el Cambio “no hay liderazgos naturales”, sino que esos roles “los va a terminar definiendo la sociedad”.

En declaraciones radiales, Sanz sostuvo que el oficialismo, en especial desde el kirchnerismo, “desde el primer día tuvo un plan vinculado a la Justicia” y que parte de ello sería “quitar del medio a Eduardo Casal”, procurador interino designado por el macrismo.

“Lo que se ha hecho es tratar de modificar las reglas de juego, incluso llevándose por delante el propio candidato propuesto por el presidente Alberto Fernández, que es Daniel Rafecas”, opinó el radical, quien dijo que los cambios impulsados “no son un hecho aislado”.

En el mismo paquete puso “la desnaturalización de las figuras de los arrepentidos”.

El bloque de senadores del oficialismo buscará aprobar esta semana en el recinto de la Cámara alta la propuesta de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y, a través de ella, la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador General de la Nación, durante una sesión especial que sería convocada para el viernes.

adaptación al delito

Del lado del oficialismo, la exprocuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó dijo que “el delito es dinámico” y requiere adaptación permanente para combatirlo, y por lo tanto “es incompatible con un procurador vitalicio”, en referencia a la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal.

Agregó que “si el procurador tiene un plazo acotado de gestión, “la mayoría absoluta es totalmente razonable” para su designación.

Explicó que la propuesta de un plazo acotado para el cargo del procurador General de la Nación “no debe llamar la atención”, sino que “es algo muy típico de las legislaciones con sistema acusatorio”.

En ese sentido, consideró que pasar al sistema acusatorio implica “un proyecto de modernización” y recordó que “cuando no está definido quién investigaba, ni el juez ni el fiscal tienen dispositivos propios y se delega la investigación en la policía”.

Por eso, dijo, el sistema acusatorio se propone “como una manera de superar ese límite o prevalencia de la delegación policial”.

Por otro lado, Gils Carbó señaló que la lucha contra el crimen organizado requiere “que el Ministerio Público sea dinámico y tenga cuerpos propios de investigación” y para eso necesita “un procurador que esté todo el día mirando la realidad, y asignando recursos” según las nuevas modalidades del delito.