Ante la pandemia, varios detenidos por corrupción quieren prisión domiciliaria

Al menos ocho detenidos en causas vinculadas con delitos de corrupción gubernamental pidieron en las últimas horas la prisión domiciliaria como modo de atenuación de la posibilidades de contagio del coronavirus en el penal donde se encuentran alojados.

Según informaron fuentes de la Justicia Federal, los recursos fueron presentados por los abogados defensores del ex presidente de la Nación, Amado Boudou; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y los empresarios Lázaro Báez y Claudio y Roque Cirigliano, entre otros.

Durante el mediodía de ayer, uno de los planteos consiguió un despacho favorable: el fiscal Guillermo Marijuán dictaminó la conveniencia de sacar de la cárcel a Báez, debido a sus antecedentes de salud.

A la lista también se suma el ex legislador y referente del movimiento piquetero, Luis D’Elía.

Los pedidos fueron formulados ante los diferentes Tribunales Federal de Comodoro Py, donde algunos son juzgados y otros cumplen condenas ordenadas por tribunales de ese fuero.

Tal como ocurre en el sistema judicial de la Provincia, en la Justicia Federal trabajan con una guardia mínima, que tiene como premisa garantizar el servicio de jueces y funcionarios, según lo que estableció la Corte Suprema de Justicia.

LE PUEDE INTERESAR

Piden que sea llevado a juicio un hombre de 83 años por abusar de su nieta

LE PUEDE INTERESAR

Una dramática declaración de un chico de 8 años, que vio a su padrastro balear a la madre

Las fuentes consultadas indicaron que, en total, se recibieron esta semana una decena de pedidos en casos de corrupción y lesa humanidad relacionados con la revisión de la privación de la libertad en la emergencia sanitaria.

Boudou, condenado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone pidió un pronto despacho a la Corte Suprema de Justicia.

El Servicio Penitenciario Federal elabora un registro de reclusos que conforman la población de riesgo, según se informó.

Además, se limitaron los traslados, se restringió el ingreso de personas ajenas a los penales (incluso, de personal del Poder Judicial), se redujo al mínimo las visitas (sólo se hacen en espacios abiertos) y se ordenó la compra de material sanitario.

Ayer, un Tribunal Oral de San Martín rechazó un pedido de domiciliaria por la pandemia a un condenado a 20 años de prisión por un secuestro extorsivo. Aunque ordenó activar un protocolo específico de prevención y protección en la cárcel donde está detenido.

Mientras tanto, en las cárceles bonaerenses, los presos empujan una medida propia para prevenir el ingreso del coronavirus: el corte total o parcial con las visitas.

Según informó el Servicio Penitenciario Bonaerense, tras la decisión conocida el fin de semana, se fueron sumando penales y para la tarde de ayer sumaban 44.832 las personas privadas de libertad de 62 establecimientos penitenciarios o alcaidías que habían implementado algún tipo de limitación a las visitas. Esto significa que el 99,72 por ciento se sumó a la campaña de prevención, sobre el total de 44.955 personas privadas de la libertad.