La Provincia no pagó un vencimiento y se tensa la negociación por la deuda

La negociación por la deuda externa bonaerense se tensó ayer, al vencer más de 110 millones de dólares que la Provincia no pagó.

“El período de gracia para el pago del vencimiento de los Bonos en USD y EUR 4.0% con vencimiento el 1º de mayo de 2020 finalizó” ayer, advirtieron en un comunicado los integrantes del grupo Ad Hoc de tenedores de bonos, conformado por 40 instituciones que dicen poseer más del 42 por ciento de la deuda provincial. Evitaron nombrar lo que los analistas del mercado local ya definían como un “default automático”, pero dejaron caer que, “en ausencia de una reestructuración consensuada”, el incumplimiento “agravaría aún más la situación financiera y la incertidumbre económica”.

Para la Provincia no hay default. Pues, pese a no haber saldado el pago que venció ayer, aclararon que el mismo ya está incluido en la oferta oficial de reestructuración por 7.148 millones de dólares que, en línea con la estrategia nacional, contempla tres años de gracia, una reducción de intereses cercana al 55 por ciento y una quita de capital del 7 por ciento. El mismo lunes, ante el rechazo de la mayoría de los bonistas -solo aceptó poco más del 20 por ciento-, el gobierno de Axel Kicillof resolvió extender los plazos para llegar a un acuerdo hasta el 26 de mayo.

Hasta entonces, “mantenemos un diálogo continuo con aquellos acreedores que aún no aceptaron la propuesta y les hemos solicitado una contrapropuesta que sea plausible de implementar en el marco de la grave situación que atraviesa la Provincia y en el marco de sostenibilidad que hemos definido. Ahora reside en ellos lograr los acuerdos necesarios que nos permitan avanzar”, respondió la administración bonaerense en un comunicado oficial.

Previamente, los tenedores de bonos habían instado a la Provincia “a utilizar el tiempo adicional proporcionado por la extensión para entablar negociaciones sustantivas que permitan alcanzar una solución consensuada y exitosa”. Incluso, destacaron esa prórroga, fruto -según aclararon- “del bajo nivel de aceptación de la propuesta unilateral e irrazonable efectuada por PBA”.

El texto cayó mal al interior de la Gobernación, donde se mostraron “decepcionados porque los bonistas y sus asesores están más preocupados por enviar comunicados de prensa que por presentar una contrapropuesta, en el marco de un diálogo de buena fe y que sea sustentable para la Provincia”, tal como confiaron fuentes oficiales a EL DIA.

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En esa línea, el comunicado oficial difundido reclamó incorporar en una contraoferta la situación socio-económica de la Provincia, donde, antes de la pandemia y según estimaciones oficiales, la pobreza en el Gran Buenos Aires superaba el 40 por ciento, la caída económica prevista para marzo era del 10 por ciento anual y la contracción de la recaudación tributaria en abril rondaba el 30 por ciento.

“El contexto nos exige actuar con total responsabilidad -reclamó el texto oficial-. La crisis desatada por la pandemia del COVID-19 encontró a la Provincia en una situación de suma fragilidad, donde el deterioro económico y social resulta agobiante”.

Párrafo aparte, en el Gobierno hicieron hincapié en el “gran esfuerzo” de los bonaerenses y en el “apoyo unánime” de los intendentes al canje de la deuda.

“Nos encontramos ante desafíos extraordinarios” y “los acreedores conocen muy bien esta situación”, aseveraron en la Provincia. “La capacidad de pago es muy limitada, lograr los alivios justos en la carga de la deuda no solo permite los espacios necesarios para afrontar la pandemia, sino también para retornar a un sendero de crecimiento económico que, a fin de cuentas, es la única forma de repagar los compromisos que asumamos”, remataron.

En su misiva, los acreedores dijeron conocer las dificultades bonaerenses y también sujetaron la resolución del conflicto a las negociaciones “de buena fe”.

En tanto que dedicaron el último párrafo a sus pares en el mercado, a aquella minoría que aceptó la oferta oficial, para recordarles que “conservan el derecho de revocar [su consentimiento] y buscar una resolución justa junto con el Grupo”. Y avisarles que “debido a que PBA puede implementar su oferta de canje pendiente sin lograr un nivel mínimo de participación, los tenedores de bonos que ya han dado su consentimiento (y no lo han revocado) corren el riesgo de recibir títulos ilíquidos y perder ciertas protecciones legales importantes”. De esa manera, blandiendo la llave del acuerdo -o del default-, los bonistas que manifiestan representar el 42 por ciento de la deuda no solo quisieron marcarle la cancha a la Provincia, sino también al resto de los acreedores.