Beneficiados con arresto domiciliario que vuelven a delinquir

Las crónicas policiales reflejan los frecuentes casos de condenados que, a fines de abril pasado, fueron beneficiados por un fallo judicial con la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia por el coronavirus, y que a poco de ser liberados volvieron a delinquir en episodios que, en algunas ocasiones, incluyeron tiroteos con la policía. Por cierto que la seguridad de la población, cuyos niveles habituales son de por sí muy bajos, se ve más amenazada a partir de allí.

Lo concreto es que personas condenadas, algunas de ellas, por delitos graves y que comenzaron a disfrutar de las alternativas del arresto domiciliario, quebrantaron las condiciones de detención y volvieron a delinquir. Algunos de ellos, como se recordará, aprovecharon la libertad de uso de celulares en el interior de las cárceles para amenazar a sus antiguas víctimas.

Demandaría mucho espacio reflejar cada uno de los episodios. Por detallar sólo algunos, días atrás un preso que se encontraba detenido en la Unidad 7 de Azul y que había sido liberado por el fallo emitido por un juez de Casación, salió a robar, fue interceptado por la policía, casi asesina a un efectivo en el tiroteo que se desató y terminó arrestado.

A su vez, en el curso de esta semana un detenido que había sido liberado del penal de Devoto un día después del violento motín de mediados del mes pasado, volvió a caer preso luego de un robo en Villa Caraza, jurisdicción de Lomas de Zamora. En esta ocasión, el liberado se involucró en un asalto que terminó con una persecución y un tiroteo con la policía. Varios casos similares se presentaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablándose en algunos de ellos de violadores que volvieron al barrio donde vivían sus víctimas.

Como se sabe, el Tribunal de Casación integrado para esa ocasión por uno solo de sus miembros, había resuelto a fines de abril pasado el otorgamiento de la prisión domiciliaria a unos 600 detenidos que integran los grupos de riesgo y se habría hecho efectivo también con unos 350 reclusos en cárceles federales. Sin embargo, la semana pasada la Suprema Corte provincial hizo lugar a una apelación del fiscal general de Casación y ordenó que se suspendieran los efectos de aquella decisión, mientras estudia la causa en detalle.

La resolución del juez de Casación fue severamente cuestionada y ahora pesa sobre el magistrado que la firmó un pedido de juicio político formulado por legisladores provinciales, que lo acusan de incompetencia y negligencia presuntamente demostrada en el ejercicio de sus funciones, de haber incumplido supuestamente con los deberes inherentes al cargo y de presuntamente haber cometido graves irregularidades en los procedimientos, entre otras irregularidades que se le adjudican.

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Los denunciantes afirman que el magistrado se habría arrogado facultades que no le son otorgadas por la ley y que habría asumió competencias que no le son propias. La cuestión de fondo, que es la de la oportunidad de una medida que libera a centenares de presos sin las debidas fiscalizaciones y controles exigibles, es la que debe preocupar –y muy hondamente- tanto a las autoridades como a la sociedad.

Días antes del fallo de Casación, anulado ahora por la Corte provincial, desde este diario se había aludido al problema de los presos bonaerenses que reciben beneficios y los usan para cometer delitos. Se dijo allí –y es el momento de ratificar tales conceptos- que los sistemas alternativos de ejecución de la condena, intrínsecamente buenos, demuestran sin embargo ser vulnerables. Resulta entonces imperativo que las autoridades intensifiquen los controles necesarios y actúen con cautela en el otorgamiento de privilegios.

La clave, como se dijo, no sólo debe estar en la eficacia del monitoreo y, antes que ello, en el criterio con que se seleccionan los detenidos a los que se les conceden determinados beneficios, sino en la mejor resocialización de los detenidos en unidades penitenciarias que se encuentren debidamente equipadas. Pero lo que resulta inexcusable es que muchos detenidos se aprovechen de esos beneficios para seguir delinquiendo y agravar, así, los niveles de inseguridad de la población.