“Si el Gobierno quiere, el acuerdo se cierra mañana”

Las negociaciones con los bonistas por la reestructuración de la deuda argentina bajo legislación extranjera se tensó aún más en las últimas horas, luego de un comunicado que hizo a última hora del lunes un grupo de más de 30 fondos de inversión, que fue interpretado como un casi seguro “bloqueo al canje”. Sin embargo, fuentes de uno de los grupos más grandes que negocian con la administración de Alberto Fernández le aseguraron a EL DÍA que si el gobierno quisiera “el acuerdo se cierra mañana”.

La fecha límite que impuso el Gobierno para ingresar a la reestructuración es la del próximo martes 4. El Ejecutivo se encargó ayer, a través del propio presidente, Alberto Fernández, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, de remarcar que la oferta “no se modificará” (ver aparte). La propuesta para renegociar la deuda pública bajo legislación extranjera por 66.238 millones de dólares incluye el pago de U$S53,5 por cada U$S100 y empezar a pagar en septiembre de 2021.

Pero los bonistas presentaron nuevo requerimientos y ya se especula con una nueva postergación con una fecha probable: 28 de agosto. Esto implica más incertidumbre en los mercados, más volatilidad para el dólar blue, acciones y bonos. El nerviosismo no solo sobrevolaba ayer el edificio de la Casa Rosada y su vecino Ministerio de Economía, frente a Balcarce 50. También en la Provincia la administración de Axel Kicillof sigue atentamente lo que sucede en Nación, ya que la negociación de la deuda bonaerense que lleva adelante a través del ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López no tiene margen de maniobra, es decir, está 100 por ciento supeditada a la de la administración nacional. Por eso Provincia también debería postergar su canje.

NUMEROSOS

Los bonistas partidarios de la propuesta conjunta representan el 60 por ciento de los bonos de cambio en circulación y el 51 por ciento de los bonos globales en circulación la firmaron treinta fondos, entre los que se encuentran Monarch, Alliance Bernstein, Ashmore, BlackRock y Fidelity, aunque aseguran que en total son 50. En la carta plantean también la voluntad de llegar a un acuerdo. Pero ayer le explicaron desde uno de estos fondos a este diario que “la carta es para advertirle al Gobierno que podemos bloquear el canje y que habría que postergar plazos para mejorar las condiciones, porque las actuales no nos cierran”.

Los bonistas quieren dos cosas muy concretas: que le suban la oferta de U$S 53,5 por cada 100 dólares (parece improbable pero no imposible) y quitar una cláusula legal que incluyó el gobierno, denominada “redesignación”, con la que el Gobierno podría modificar las condiciones o “cambiar las reglas de juego” luego de que ya se hizo el canje, una suerte de cláusula anti-buitres.

La redesignación es una cláusula que puso el Gobierno en la oferta que le permite modificar el universo de los papeles a canjear ya cerrado el plazo para ingresar a la operación. Esta reducción unilateral permitiría alcanzar las mayorías exigidas por las cláusulas de cada bono para convertir el canje en forzoso y desactivar eventuales demandas por default ante la Justicia de Nueva York. La otra novedad que incluyó el ministro Guzmán es la posibilidad de ofrecer mejoras marginales a grupos grandes que ya hayan aceptado el acuerdo y que esto arrastre a otros acreedores minoritarios, que perderían su derecho a litigar para reclamar las condiciones originales de pago. Este mecanismo, llamado “Pacman”, permite ir comiéndose de a poco a los que no quieren participar.

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“La intención del grupo es seguir hablando y acordar, pero las interpretaciones del comunicado del lunes fueron diversas. Si el gobierno quisiera, el canje lo cierra mañana mismo, pero los antecedentes de demoras son muchos y no creo que lo haga. Nosotros queremos mejoras en los términos económicos y un tema técnico relacionado con lo jurídico con las redesignaciones”, explicaron fuentes de los bonistas a este medio.

Ante la (SEC, el organismo regulador de la bolsa de Nueva York) donde la oferta argentina plantea que en la “orden de licitación, al consentirse y autorizarnos a redesignar, en cualquier momento (incluso después de la fecha de expiración), las series de bonos elegibles (…) eso podría resultar en que el universo de series excluidas podría ser discrecional”, explicaron. Es decir, en caso de que no haya acuerdo con la totalidad de los acreedores, el Gobierno podría reestructurar los bonos en los que se cumplan las cláusulas de acción colectivas destinadas a hacer el entendimiento obligatorio para todos los tenedores –de modo de poner al país a salvo de juicios– y “redesignar” los que no lo hagan para futuros acuerdos. Eso abriría la puerta a una estrategia de canjes parciales y secuenciales.

Por eso, hoy el panorama parece que se encamina a una nueva postergación y a más incertidumbre en los mercados.