Después de la marcha se complicó en Diputados el apoyo a la reforma judicial

El oficialismo firmará hoy en el Senado un dictamen favorable a la reforma judicial, con lo cual el proyecto quedará en condiciones de ser tratado en una sesión la semana próxima, aunque las señales de alarma para el Gobierno se encendieron en la Cámara de Diputados, donde el bloque que responde políticamente a Roberto Lavagna anunció su negativa a tratar la reforma.

“No hay clima político ni consenso institucional para tratar este tema tan importante con este apuro”, dijo a EL DIA el presidente del bloque Consenso Federal de la Cámara baja, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien de ese modo desmintió que Lavagna haya acordado –por afuera del ámbito legislativo- un apoyo a la reforma judicial con el presidente Alberto Fernández.

El rechazo de los legisladores cercanos a Lavagna, entre ellos Graciela Camaño, Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos, pone los números muy ajustados para el oficialismo, que anoche mantenía una reunión de bloque –de la que participaban Sergio Massa y Máximo Kirchner- para evaluar la estrategia a seguir. En el Senado, en tanto, Cristina Kirchner ya tiene la cuenta resuelta.

A tal punto que, según pudo saber este diario, este mismo miércoles se firmará el dictamen favorable a la reforma judicial en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y el jueves 27 se llevará el proyecto a sesión, donde contaría con un piso de 40 votos positivos, lo que le permitiría a la vicepresidenta anotarse un triunfo político en un asunto para ella relevante.

En tanto, la oposición mayoritaria Juntos por el Cambio emitió ayer un documento –firmado entre otros por el ex presidente Mauricio Macri desde Suiza- en el que exigió al Gobierno que “retire” el proyecto de reforma judicial, tras la masiva marcha de protesta del 17A. Pero el oficialismo tuvo ayer su propia cumbre en la quinta de Olivos (ver aparte) y definió no dar el brazo a torcer.

En la última audiencia que se hizo ayer en el Senado, una quincena de expositores -entre jueces, fiscales y abogados convocados por las bancadas mayoritarias del FdT y de Juntos por el Cambio- se expresó a favor y en contra del texto. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, dijo que el proyecto busca “terminar con la acumulación de poder en pocas manos”.

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El ex juez del Tribunal Oral en lo Criminal 3 Miguel Caminos evaluó que el proyecto “denota una urgencia inusitada” y criticó “el aumento desmedido de jueces”, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires “en relación con su población”. Mientras que el procurador de la Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, dijo que el proyecto es contradictorio con el sistema acusatorio.

Por su parte, el integrante del Ministerio Público de la Defensa, Carlos Seijas, coincidió con quienes sostienen que se crea una “innecesaria cantidad de juzgados”. La iniciativa enviada por el presidente Fernández unifica fueros en la capital federal y crea 94 juzgados federales en las provincias, 22 de ellos en territorio bonaerense. En La Plata se crearían dos nuevos juzgados.

En este marco, el juez de cámara del tribunal 18 de la capital Ricardo Rojas planteó objeciones en cuanto al sistema de subrogancias, al entender que “habrá 23 jueces federales que no van a tener la misma garantía y protección constitucional para funcionar”. Y Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de CABA, calificó como “inoportuna” la discusión de la normativa.

El abogado y profesor de la UBA Ernesto Marcer destacó que el mayor problema que enfrenta la Justicia federal es que “hay innumerables conflictos de competencia”, mientras que Héctor Chayer, coordinador del programa Justicia 2020, advirtió que es “inconstitucional” el sistema de subrogancias propuesto en la iniciativa para descentralizar los tribunales de Comodoro Py.

Pero las exposiciones más jugosas en términos políticos fueron la del ex camarista platense Carlos Rosanski, quien fue un poco más allá del proyecto y propuso ampliar la Corte Suprema a 25 integrantes; y del abogado Eduardo Barcesat, quien sostuvo que la iniciativa debe apuntar lisa y llanamente a “deconstruir el lawfare” cuya instrumentación adjudicó al Gobierno anterior.