Ordenan la disolución y liquidación de la red de inmobiliarias Remax

La Inspección General de Justicia (IGJ) inició en las últimas un proceso judicial que contempla la acción de disolución y liquidación de la firma Re/Max, argumentando que es ilícita la modalidad de desarrollo de la actividad inmobiliaria bajo el régimen de franquicia. Desde la empresa, que tiene presencia en la Argentina desde 2004, ya adelantaron que van a apelar la resolución. 

Tras una investigación que se inició a partir de una denuncia presentada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), la IGJ, organismo que regula y controla a las sociedades comerciales, resolvió la disolución de la firma mediante la Resolución 350/2020 que lleva la firma de su titular, Ricardo Nissen.

El organismo considera que no es lícito que la actividad inmobiliaria se desarrolle bajo un régimen de franquicias y subfranquicias. El organismo interpreta que una franquicia internacional de primer grado otorgó el permiso para operar en nuestro país a Remax Argentina y que luego esa franquicia se subfranquició a una red de agentes o corredores inmobiliarios.

“Es una persona jurídica que otorgó franquicias y subfranquicias. Pero para ejercer la actividad inmobiliaria tiene que ser una persona humana con la correspondiente habilitación profesional. Nadie puede transmitir un derecho que no tiene. La marca genera la confianza de que detrás de cada operación está Remax y no es así. Detrás de cada operación debería estar un corredor pero se induce a pensar que hay una persona jurídica. Vimos que la denuncia tenía asidero y viabilidad”, explicó a Infobae Manuel Cuiñas Rodríguez, subinspector General de Justicia. 

Sin embargo, desde la empresa, aclararon que Remax Argentina contrata a inmobiliarias y corredores inmobiliarios a los que les presta servicios. “Las oficinas no son de su propiedad ni de su gestión. En cada una hay una persona matriculada que tiene un contrato de licencia para usar la marca, pero las operaciones las cierran los corredores”, explicó Monti.

En este contexto, el presidente de Cucicba, Armando Pepe, señaló que, de acuerdo con el ordenamiento legal, "existe una distinción entre los contratos comerciales y las profesiones independientes como el corretaje inmobiliario", y "estas últimas no pueden ser ‘franquiciadas’”.

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“Hemos dado un paso histórico. Este es un éxito en la defensa de los derechos de los corredores y del ejercicio legal y legítimo de la profesión, y lo compartimos con todos nuestros matriculados”, afirmó.

Pepe detalló a un medio de prensa  que, bajo la modalidad de franquicia, la empresa "recluta gente que no está en relación de dependencia sino bajo monotributo, para eludir pagos de cargas sociales".

"En cada sucursal tienen unas 80 o 100 personas a las que no les pagan nada sino que les cobran 250 dólares por mes por uso del escritorio y papelería; factura el trabajador, no pagan impuesto a las ganancias ni ingresos brutos, es una competencia desleal totalmente", afirmó.

Asimismo, indicó que "la empresa Re/Max Inc. se lleva la plata fuera del país, una parte muy importante de lo que facturan se va fuera del país", y destacó que, "a partir de la investigación que hizo la IGJ, que es espectacular, investigaron en Estados Unidos y allá no tienen ni edificios, funcionan en la suite de un hotel".

En tanto, Re/Max expresó a través de un comunicado de prensa su "enfático" rechazo al contenido de la denuncia de Cucicba por considerar que "es infundada y no implica el cese ni suspensión de la actividad de Re/Max".

"Las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora, llevando el mejor servicio inmobiliario", afirmó la firma.

Además, enmarcó la acción promovida en su contra por el Colegio de Corredores de la Ciudad es "una más de las tantas embestidas" en su contra.

En ese texto, Re/Max se autodefine como "una marca que desarrolla su negocio legítimamente hace más de 15 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado, conformando así la red inmobiliaria con mayor presencia de corredores y martilleros matriculados".

Por su parte, Armando Pepe señaló que, a partir de la resolución adoptada por la IGJ, Re/Max "no pueden apelar" porque, a nivel judicial, "ya está decretada la disolución de la empresa".

"Se los va a intimar a que, en un plazo perentorio, saquen los carteles de las oficinas", aseveró ek titular de Cucicba, quien remarcó que "pueden seguir trabajando bajo otro nombre, modalidad" pero "no como franquicia".

El Cucicba prevé avanzar con otros casos de empresas que operan bajo esta modalidad, que son unas ocho en todo el país.