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El lunes es el plazo máximo. "Si no, vamos a avanzar con políticas de precios máximos no consensuadas", sostuvo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti
El Gobierno advirtió a los empresarios que si no aceptan el congelamiento de precios planteado esta semana aplicará "políticas de precios máximos no consensuadas" y les fijó el lunes como el plazo máximo para dar una respuesta.
Un día después que se conociera que la inflación de septiembre fue del 3,5%, muy por encima de lo que se esperaba y revirtiendo la tendencia a la baja que había mostrado los últimos meses, el flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, fue el encargado de enviarle el mensaje al empresariado: "Yo quise formalizar un acuerdo. Si esto no sucede, vamos a tener que aplicar las leyes. Los comercializadores tienen menos resistencia que los productores".
"Espero cerrar este acuerdo y ponerlo operativo el lunes. Van a hacer una contrapropuesta. Si no, vamos a avanzar con políticas de precios máximos no consensuadas", dijo en declaraciones a la prensa.
"Tomo como plazo el lunes para que en una u otra dirección se cierre del acuerdo", agregó.
El funcionario, quien esta semana reemplazó en el cargo a Paula Español, admitió que "el intento de ordenar una política de precios genera malestar. Es el comportamiento empresario. Si hay malestar en los empresarios hay más en el pueblo".
Después de la reunión que mantuvo con productores de alimentos y productos de higiene, Feletti le pidió a los empresarios "que ganen por cantidad y no por precio" y que "el desafío que tenemos hoy es garantizar el abastecimiento y los precios para un buen nivel de consumo en el tercer trimestre".
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La Ley de Abastecimiento que podría aplicar el Gobierno fue sancionada en 1974, durante el último Gobierno de Juan Domingo Perón y fue modificada en 2014. La norma faculta al Estado nacional a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. También le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.
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