Acelerar la asistencia: en pos de un fin de año “tranquilo”

Justo el día que se cumplirán los 20 años del estallido social que en diciembre de 2001 expulsó del poder a Fernando de la Rúa, el Gobierno otorgará un aguinaldo social de $8 mil a más de un millón de beneficiarios de planes sociales. El temor a un diciembre “caliente” por una combinación del aniversario de la histórica crisis política con una situación socioeconómica “compleja”, ha acelerado las negociaciones de los funcionarios con los dirigentes sociales a quienes, por ejemplo, prometen en enero próximo ampliar los productos que se incluyen en los bolsones alimentarios.

En Casa Rosada hubo ayer un almuerzo de la nueva “mesa política” que intenta retomar la centralidad del Presidente dentro la discusión interna del Frente de Todos. Alberto Fernández recibió a los ministros Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y el canciller Santiago Cafiero, con quienes debatió sobre la coyuntura y los desafíos del Ejecutivo para lo que viene.

Previamente “Juanchi” Zabaleta mantuvo un encuentro de trabajo con el jefe de gabinete, Juan Manzur, del que se confirmó el pago del bono a los beneficiarios del Potenciar Trabajo.

Hay cierta preocupación entre los funcionarios porque al complejo escenario que dejó la pandemia, se le suma 20° aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando se presume que habrá movilizaciones por el centro porteño y la plaza de Mayo. Hoy en el oficialismo no se observan maniobras de desestabilización pero saben que si bien las agrupaciones alineadas al Frente de Todos, como el Movimiento Evita, la CCC o Barrios de Pie, “están contenidas”, no ocurre lo mismo con aquellas referenciadas en la izquierda como el Polo Obrero. “Que se expresen, estaremos atentos”, remarcó una calificada fuente oficial consultada.

Zabaleta fue “empoderado” por el jefe de Estado no sólo para construir políticamente dentro de la interna oficial sino para “conducir” un ministerio que desde diciembre de 2019 ha estado “loteado” por delegados de La Cámpora, de los intendentes y de las mismas agrupaciones sociales, un fenómeno que en los hechos terminó costándole el cargo a Daniel Arroyo, hoy diputado electo.

Quejas

El último sábado el licenciado intendente de Hurlingham estuvo presente en la reunión de la Mesa Federal del Movimiento de Unidad Popular (MUP), donde contó sus planes y recibió algunas quejas por la calidad de la canasta de alimentos que todos los meses es distribuida en los comedores y merenderos. “No queremos sémola”, se escuchó el reclamo de un dirigente. El funcionario contestó que en enero próximo se van a ampliar los bolsones de los actuales 8 artículos a un total de 21.

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También comentó el avance de un proyecto oficial para transformar los planes sociales en empleo genuino, que ya tiene convenios en construcción, agro y gastronomía. En este último caso, en el gobierno confían en ampliar la cantidad de beneficios por el alza que registra la actividad en verano al igual que ocurre con algunas cosechas fuertemente estacionales.

Piden una solución

Si hay organizaciones que apoyan estas medidas, la mayoría las resiste y pide una solución surgida desde la propia economía popular. En el Gobierno convive cierta lectura política -“el propio sujeto social está en riesgo porque perderían afiliados”, observó un funcionario consultado-, con números fríos que relativizan esta suerte de “empalme” para la formalización del empleo: solo podría incluir a 100 mil de los 1.100.000 planes que hoy paga el Tesoro (por unos $15 mil cada uno).

Para el diputado Juan Carlos Alderete, también titular de la CCC (Corriente Clasista y Combativa), la solución al problema del trabajo debería incluir a las cooperativas de las organizaciones en proyectos de pequeña y mediana obra pública. Pero aún hoy no hay respuestas de la Casa Rosada.

Protagonista de la lucha en las calles de aquél conflicto social del 2001, consideró que “hoy el escenario no es similar porque no tiene nada que ver desde lo económico y político”.

Sin embargo, no se desconoce la coyuntura de alta inflación y precariedad social que registra el país. “La situación es jodida en lo social. La pequeña recuperación económica siempre llega a lo último para los trabajadores de la economía informal. Y la inflación agrava todo”, concluyó el dirigente social.

Hoy en el oficialismo no se observan maniobras de desestabilización