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El pacto de “consenso fiscal” suscita polémica -más allá de la pelea política-, ya que el sector empresarial asegura que habilitará la imposición de una mayor carga tributaria al sector productivo.
La Unión Industrial Argentina (UIA), la mayor entidad patronal del país, manifestó que el pacto fiscal “genera enorme preocupación en nuestro sector debido a que incrementa la presión tributaria en el sector productivo” al eliminar la reducción progresiva del denominado impuesto a los ingresos brutos que se había establecido originalmente en 2017.
El sector industrial, que debería quedar exento de este impuesto en 2022, mantendrá gracias al nuevo pacto una alícuota de 1,5 por ciento; un tributo que, según la entidad empresarial, “no solo perjudica la competitividad de las empresas sino que su costo es afrontado por todos los consumidores, impactando en mayor medida en los sectores más vulnerables”.
Para la UIA, otro aspecto de “preocupación” del nuevo consenso fiscal es que las provincias podrán establecer un impuesto sobre la herencia en 2022.
“Esto también tiene un efecto adverso sobre el sector productivo, al afectar el traslado de acciones de sociedades, que impacta sobre todo en las pequeñas y medianas empresas familiares”, advirtió.
Para el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, el “consenso fiscal” 2022 “va en el sentido contrario de las medidas que se necesitan para impulsar la reactivación económica y la inversión productiva” en Argentina.
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El nuevo consenso fiscal –rubricado ayer por 23 provincias- prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.
También contiene un capítulo denominado de “endeudamiento responsable”, que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito y que en materia de “responsabilidad fiscal” fija que “la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB”, entre otras cuestiones.
De acuerdo a los argumentos del Gobierno, el consenso fiscal “es un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria”.
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