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Cada vez más conflictos de este tipo terminan en los tribunales en distintos países del mundo. Ahora España impulsa una ley que promueve la custodia compartida
¿Quién se queda con la mascota en caso de divorcio? : la pregunta que desvela a numerosas parejas a la hora de separarse y que motivó más de un conflicto resonante en la Argentina -muchos recordarán el caso del loro cordobés Paquito, que terminó con una larga disputa legal y una acusación por “hurto agravado”- también motoriza iniciativas.
Una de ellas acaba de impulsarse en España, donde un proyecto de ley busca dirimir conflictos sobre la tenencia de las mascotas en caso de divorcio, a partir de la calificación de los animales de “seres vivos dotados de sensibilidad”, y no de “bienes”.
El texto, ingresado en la cámara baja del Parlamento, enuncia “los criterios sobre los que los tribunales deben tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal, atendiendo a su bienestar”, tal como se lee en la propuesta formulada por el Partido Socialista y la izquierda radical de Podemos, socios de gobierno.
De esta forma, gatos, perros y hasta pájaros podrán ser objeto de una custodia compartida, según señalaron los impulsores del proyecto.
Hasta la fecha, se observa cómo el reparto de animales domésticos en caso de divorcio es objeto de litigio en los tribunales, según argumenta esta propuesta de modificación del Código Civil.
El texto obliga a los propietarios a garantizar el bienestar de sus animales, y confiere a los dueños el derecho a una indemnización por perjuicio moral si sus mascotas sufren daños.
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Si el texto sale adelante, los animales estarán considerados como “seres vivos dotados de sensibilidad”, y no como “bienes y cosas”, un régimen jurídico que solo les será aplicable “en la medida en que sea compatible con su naturaleza y con las disposiciones destinadas a su protección”.
En los últimos años varios países europeos dieron pasos similares, como Francia, Alemania, Suiza, Austria y Portugal.
En nuestro país, la tenencia de un animal después de un divorcio generó más de una polémica resonante.
Una de las más destacadas tuvo como protagonista al loro Paquito, criado durante diez años por una familia cordobesa con dos hijos, que se convirtió en el centro de una disputa después de la separación.
La situación derivó en una causa judicial en la que la esposa, que se quedó con el loro, fue juzgada por hurto, mientras el caso se instalaba en las conversaciones en todo el país.
Paquito, un loro chaqueño hablador, fue motivo de un grueso expediente que motivó horas de charlas de café en Córdoba primero y en todo el país después.
Todo empezó cuando un matrimonio, (con dos hijos de 7 y 11 años) decidió separarse. El se quedó con la casa familiar y el juez le dio la tenencia del mayor de los chicos. Ella quedó a cargo de la nena de 7 y reclamó la tenencia de Paquito, que vivió con ellos “más de diez años”.
Pero el marido fingió la muerte del animal, que quedó escondido en la casa de un vecino, según indicó la mujer, que fue a buscarlo.
Furioso, el ex marido denunció a su ex mujer por “hurto simple” y Paquito volvió a casa de él, quien ganó la tenencia del animal.
Pero su ex mujer siguió la batalla judicial hasta que consiguió “un amplio régimen de visitas al animalito” para la nena.
Paquito murió finalmente en 2009, pero ya había quedado en la historia.
Según los impulsores de la ley española, este tipo de decisiones judiciales se han repetido en diferentes juzgados de España en los últimos años, planteando dificultades que ahora hacen que se impulse esta ley.
En general, para determinar el destino de una mascota en casos de separación, se indica, los juzgados solo comprueban a nombre de quién se inscribió el animal. El Código Civil dice que son meros «bienes muebles».
Pero con la nueva ley, esa definición cambiaría.
La nueva ley promueve que los animales sean considerados “seres vivos dotados de sensibilidad”, en lugar de cosas. La propuesta no es nueva: se basa en una iniciativa aprobada en 2017, entonces propuesta por el PP, que no pudo culminar su tramitación al disolverse las Cortes en marzo de 2019.
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