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El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien investiga una supuesta mesa judicial que se dedicaría al armado de causas a sindicalistas, quiere saber si los participantes de la reunión, en una dependencia de capital federal del Banco Provincia, tenían o tienen teléfonos encriptados provistos por la AFI (ex SIDE).
En tal sentido, voceros judiciales explicaron hoy que el magistrado, hizo lugar a un requerimiento de la fiscal federal que interviene en el caso, Ana Russo, y dispuso, a parte del mencionado informe sobre posible encriptado de teléfonos por agentes de inteligencia, que se realice una pericia de cruce de llamados, en la fecha aproximada en que se realizó la reunión en el BAPRO, entre los asistentes más la exgobernadora María Eugenia Vidal, también imputada en esta causa. Cabe aclarar que la encriptación del teléfono móvil (o de parte de la información contenida en este) es un sistema de seguridad que sirve para que dicha información no sea accesible y vista por cualquier persona.
En tanto, fuentes judiciales informaron que la Sala II de la Cámara Federal de La Plata comenzó a analizar la recusación planteada contra el juez Kreplak por Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.
El juez Kreplak rechazó la semana pasada esa recusación, pero la resolución fue apelada a la Cámara, que ahora debe expedirse sobre si el citado magistrado puede continuar o no a cargo de la causa. En esta investigación, la fiscal Russo entendió que debe ser también imputado en estas actuaciones el intendente, Julio Garro, y otros 14 acusados, en un dictamen que entregó al juez Kreplak, en la causa iniciada luego de conocerse una reunión entre exfuncionarios macristas y empresarios, ideada para coordinar acciones para perseguir judicialmente a gremialistas.
En su presentación, la doctora Russo sostuvo que la acción penal es impulsada contra los presentes en la reunión del 15 de junio de 2017, grabada en un video dado a conocer las últimas semanas, en una mesa de la que participan el exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, el intendente Garro, el senador Juan Pablo Allan y empresarios de la construcción, entre otros. Según la denuncia, en ese cónclave se propone el impulso de acciones judiciales contra dirigentes sindicales de extracción opositora.
En el escrito, la fiscal añadió que la investigación también apunta a “la supuesta organización de una estrategia, elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en nuestra región.
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