Tironeo por los fondos de coparticipación: la semana arrancará con pedidos en la Corte y denuncias penales

La disputa política y legal entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJN), que dispuso que la Nación destine el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la ciudad, tendrá en la últimas semana del año nuevos capítulos judiciales, a la espera de las presentaciones que ya prometieron hacer tanto el presidente Alberto Fernández como el alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta. También se suma una nueva denuncia de Patricia Bullrich y el propio gobierno porteño evalúa realizar otra.

Teniendo en cuenta que quedarán cuatro días hábiles antes de la feria judicial, el más alto tribunal del país deberá decidir si abre o no esas instancias para esta causa o la pasa directamente para tratarla a partir de febrero.

Por un lado, el Gobierno presentará la semana que viene en la CSJN un pedido de revocatoria "in extremis" de la resolución cautelar, aunque quizá no el lunes como se barajó en un principio. Lo mismo hará ante el máximo tribunal la Ciudad de Buenos Aires, también en fecha a determinar, pero para solicitar que se cumpla el fallo.

A su vez, en el  gobierno porteño trabajan también en la redacción de una denuncia penal que podría alcanzar al directorio del Banco Nación, responsable según la sentencia de hacer el depósito diario y automático, el ministerio de Economía y la jefatura de Gabinete de Ministros.

Esta segunda presentación, que es otra vía para emplazar al Gobierno nacional, se encauzaría por los juzgados federales de primera instancia.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, junto a los diputados nacionales Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, presentará mañana una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández por el delito de sedición y traición a la Patria a raíz del anuncio de desobedecer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de los fondos de la coparticipación.

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Para una de las referentes de la oposición, “desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional”. Según aseguró en un comunicado, el artículo 230, inciso 2 del Código Penal, es claro al respecto al sostener que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código”.

EL CONFLICTO

El origen de la controversia data de 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a CABA por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%.

La explicación de entonces del Gobierno de Cambiemos fue que el monto respondía al "Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas" en la ciudad.

De acuerdo con ese planteo, el distrito comandado por Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contrasta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Policía Federal para sus 32 mil efectivos.

En 2020 se redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad.

"En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016", recordó el Gobierno en el documento firmado el jueves por Fernández y los gobernadores.