Aprobación por amplia mayoría y ahora la pelota la tiene el Senado

Como se esperaba, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de ayer el proyecto que autoriza al gobierno a refinanciar la deuda por unos 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para evitar que el país caiga en un cese de pagos que desestabilice aún más su frágil economía.

Con el apoyo clave de la oposición y de un oficialismo fracturado, la iniciativa impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández, que pasará al Senado en los próximos días, fue avalada por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones.

Pese a las reticencias que genera en la clase política el proyecto de ley para habilitar la refinanciación de una deuda tomada por Argentina en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, los diputados le dieron luz verde para evitar un nuevo cese de pagos y lograr una mayor estabilidad económica. Está previsto que la próxima semana se debata en el Senado.

Es la primera vez que el Congreso habilita una operación de crédito con el organismo con el que Argentina mantiene una relación dependiente, a la vez que tirante, desde hace décadas.

El Gobierno necesita del apoyo de los legisladores, un paso previo a la ratificación del acuerdo por el directorio del organismo, antes del 22 de marzo, cuando Argentina afronta un vencimiento de 2.800 millones de dólares del préstamo original.

Máximo Kirchner votó en contra del proyecto, igual que otros de los integrantes de La Cámpora, ahondando la grieta que lo separa del presidente Fernández (ver página 8).

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La Cámpora difundió un comunicado en el que afirmó que “está claro que si tenemos una deuda, hay que firmar el acuerdo. Pero el problema es qué se firma” y cuestionó que el kirchnerismo “tuvo que hacerse cargo y pagar las deudas que tomaron los gobiernos de signo político e ideología opuesto”.

Pero la iniciativa logró el respaldo suficiente de Juntos por el Cambio, luego de que negoció con el oficialismo modificaciones en el texto original que evitaron toda referencia al programa económico que llevó adelante el Ministerio de Economía Martín Guzmán con el FMI.

La iniciativa insta a aprobar “las operaciones de crédito público” contenidas en el programa alcanzado con el FMI, pero no incluye las metas en materia de reducción del déficit y otros puntos acordados con el organismo debido la presión ejercida por los opositores, reacios a que el oficialismo los obligue a apoyar políticas económicas con las que dicen no estar de acuerdo.

El entendimiento alcanzado la semana pasada con el organismo de crédito supone reemplazar el plan de 2018, por el cual Argentina enfrentaba vencimientos de pagos concentrados en 2022 y 2023 -y que eran imposibles de cancelar-, por un Programa de Facilidades Extendidas durante dos años y medio que incluye revisiones trimestrales por parte del organismo.

El país recibirá desembolsos para hacer frente a los vencimientos que sólo este año ascienden a 19.000 millones de dólares. Se estipuló además un periodo de gracia de cuatro años y medio, lo que implica que la deuda se comenzará a pagar a partir de 2026 y hasta 2034.

El Gobierno sostiene que el acuerdo, que supone una reducción progresiva del déficit fiscal, no conllevará un ajuste que perjudique al 40 por ciento de la población que vive en la pobreza, algo que sus críticos descreen.