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La defensa de los tres imputados en la causa que investiga el delito de “defraudación por administración fraudulenta”, en perjuicio de una vecina de Chascomús, dueña de varias fracciones de campo y acciones en una sociedad anónima, analiza recurrir el fallo de la Justicia de Dolores, que cerró la etapa de instrucción y determinó la elevación a juicio del proceso.
Cabe recordar que entre los acusados hay un contador, quien estaba a cargo del manejo de los bienes de la denunciante y el que, según acaba de determinar la jueza de Garantías, María Fernanda Hachmann, con supuestas maniobras ardidosas, habría desapoderado a su mandante de los bienes y logrado un beneficio para sí.
El caso tiene una estrecha vinculación con la llamada megabanda de La Plata, en la que se mencionan a funcionarios judiciales, policías, abogados y otros personajes de la Ciudad, con mucha llegada e influencia en el Fuero Penal bonaerense, porque se presume que los sospechosos de la estafa en Chascomús pudieron ponerle un freno al avance del expediente, mediante algunas situaciones que ahora se intentan determinar y nada tendrían que ver con el desenvolvimiento natural de un expediente.
En la investigación por el caso de Chascomús, María Ester Arrix es quien ejerce el rol de particular damnificada, ya que, de acuerdo a la resolución judicial, poseía fracciones en al menos dos predios rurales y acciones “nominativas, emitidas e ingresadas y con derecho a voto, representativas del 95 por ciento del capital social de la sociedad Haras del Sur S. A.”, que nada tiene que ver con un country enclavado sobre la ruta 2, como se consignó por error en una publicación anterior.
Ese capital, de varios millones de pesos, al parecer, le fue quitado de su patrimonio con una serie de actos de dudosa legalidad.
Según calificadas fuentes de tribunales, los planteos que se vendrían apuntarían a la prescripción, por el lado del profesional señalado, y al sobreseimiento, por parte de quienes ejercerían el rol de partícipes necesarios.
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