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El Poder Judicial argentino enfrenta una crisis por la gran cantidad de cargos vacantes, que en el fuero federal alcanzan cerca del 37% (más de 600 cargos sin juez, fiscal o defensor titular). Esta situación habría llevado al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) a retomar negociaciones discretas con el principal bloque opositor, el kirchnerismo (Unión por la Patria, UxP), ya que sus votos son cruciales en el Senado para la aprobación de los pliegos.
La falta de magistrados y fiscales titulares ralentiza la Justicia, afecta la persecución del delito (incluyendo el crimen organizado y el narcotráfico) y permite la proliferación de subrogancias. Desde la asunción del actual gobierno, se ha profundizado la crisis, con un alto número de renuncias y ninguna designación efectiva de jueces por parte del Poder Ejecutivo.
El Senado de la Nación es la cámara que debe dar el Acuerdo (la aprobación) a todos los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar jueces, fiscales y defensores. El bloque de La Libertad Avanza no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para designaciones de la Corte Suprema, ni siquiera la mayoría simple para todos los demás cargos sin negociar con la oposición.
La principal puja se centra en las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actualmente funciona con cuatro miembros y tiene al menos una vacante (tras el retiro de Elena Highton de Nolasco, y otra pendiente, la de Juan Carlos Maqueda). El Gobierno había propuesto inicialmente a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir los cargos, pero la oposición y las críticas públicas forzaron el freno a esos pliegos.
La negociación se desarrollaría en varios niveles e involucra a figuras clave de ambos lados. Se busca un consenso que destrabe no solo los nombramientos judiciales, sino también la aprobación de leyes clave para el Gobierno, como el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma tributaria.
Se habría reportado que las negociaciones se reabrieron a través de canales informales, involucrando a operadores políticos cercanos al círculo íntimo de la Presidencia (como Santiago Caputo o la propia Karina Milei) y referentes del kirchnerismo en el Senado (como el senador Eduardo “Wado” de Pedro o el ex AFI y actual ministro bonaerense, Juan Martín Mena).
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Desde que Javier Milei asumió la presidencia, un total de 83 magistrados nacionales y federales renunciaron a sus cargos, entre jueces, fiscales y defensores.
Las vacantes en el Poder Judicial crecen sin pausa y agravan el desborde de los tribunales. Las renuncias no son el único factor. Milei solo designó a dos jueces durante su gestión: Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema. Ninguno de los dos pudo sostenerse en el cargo por la falta de acuerdo en el Senado.
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