El Estado y los frentistas obligados a mantener en buen estado a sus veredas

Días pasados una mujer que llevaba a su bebé en brazos tropezó en la vereda de 7 que corresponde al frente del ministerio de Economía, cayó al suelo y afortunadamente el accidente no derivó más que en algunos magullones para ella, mientras que los testimonios y reclamos de muchos testigos le apuntaron al pésimo estado que muestra la vereda, en una situación que no es exclusiva de esa sede sino de la de muchos edificios públicos de la Ciudad.

Corresponde señalar que hay veredas rotas, con faltantes de baldosas, obturaciones y pozos sin tapas, que son verdaderas trampas, en muchas de las cuadras de la Ciudad. Sin embargo, ese problema –que se presenta desde hace muchos años, pero que está llegando ahora a verdaderos puntos críticos- no debiera suceder frente a los edificios gubernamentales, sean municipales, provinciales o nacionales, que deberían dar el ejemplo.

Desde hace mucho tiempo se vienen reflejando en estas páginas los reclamos de vecinos por el mal estado de las veredas que, en el caso de aquellas cuyo mantenimiento corresponde a reparticiones estatales, constituye un incumplimiento si se quiere agravado por la obligación de mantener esos espacios de uso común en perfectas condiciones.

Uno de los ejemplos más llamativos y pretéritos tiene que ver con el ruinoso aspecto que ofrecen las veredas perimetrales del ministerio de Seguridad, integradas por las calles 2 y 3, entre las avenidas 51 y 53. Ciertamente, como ya se dijo en otras ocasiones, no hay en ellas un tramo que se salve y que le permita a los peatones caminar con firmeza por ellas. Baldosas faltantes, ondulaciones, charcos de agua, las deficiencias sobran.

El problema se agrava con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. En el caso de la sede de Seguridad –esto es, el ex Departamento de Policía- el pretérito reclamo de los vecinos también incluye el estacionamiento de numerosas motos en las veredas, que obstaculizan aún más el paso peatonal.

La responsabilidad de los funcionarios públicos es la misma que le concierne, según las ordenanzas vigentes desde hace muchas décadas, a todos los frentistas. Son los frentistas –particulares o funcionarios responsables- quienes deben asumir los costos y la ejecución de las reparaciones de cada una de sus veredas. Pero se trata de un círculo vicioso: sin sanciones por no mantener la acera en condiciones, muchos vecinos no se hacen cargo de esa reparación. La transgresión a esa norma se vuelve menos disculpable, si los que no cumplen son quienes ejercen cargos públicos.

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Se intentó en alguna oportunidad promover determinados incentivos para quienes concretaran esos trabajos, relacionados, por ejemplo, a una reducción de las tasas comunales o a otorgarles beneficios de descuento en algunos comercios al momento de adquirir las baldosas. Sea como sea, nunca se logró pasar del plano de las buenas intenciones.

Otro tema que las autoridades debieran analizar se relaciona con el efecto multiplicador de las llamadas obras pequeñas que, sumadas unas con otras, promoverían por cierto una reactivación de gran importancia en materia de venta de materiales y captación de mano de obra.

Sea como sea, la Ciudad no puede mantener por mucho tiempo más el pésimo estado que presentan muchas de sus veredas. Y menos aún puede tolerarse que sean reparticiones estatales las que no cumplen con la ley.