Más que una nueva agencia vial, se deben hacer cumplir las normas de tránsito

La Municipalidad platense acaba de informar sobre la posible creación de una agencia de seguridad vial en su ámbito para contar, según se argumentó, con una herramienta destinada a enfrentar los problemas del trásito en la Ciudad mediante ese nuevo organismo, que funcionaría en el área de Seguridad y Control Ciudadano.

Por lo pronto –y a la luz de las muy críticas circunstancias económicas que condicionan hoy a nuestro país y que pesan sobre los bolsillos enflaquecidos de la población- corresponde señalar que ningún organismo del Estado, sea nacional, provincial o municipal, se encuentra en condiciones de nombrar más empleados e incurrir en más gastos presupuestarios.

Justamente, y en esa misma inteligencia, el Gobierno nacional oficializó hace cuatro días la prohibición de contratar nuevos empleados estatales, en una medida que apunta a recortar los abultados gastos de la administración central, los organismos descentralizados y entes públicos, que deberán abstenerse de sumar personal hasta diciembre del año venidero.

Según sus fundamentos, la decisión, si bien tardía, apunta a garantizar una ejecución eficiente y responsable del presupuesto nacional en lo que hace a la contratación de personal, estableciéndose unas pocas excepciones para asegurar el funcionamiento de áreas esenciales.

No sería, tampoco este último, un argumento que valide la decisión de crear una agencia vial en La Plata, por existir desde hace mucho tiempo y en la actualidad organismos municipales y provinciales que ya se ocupan de la misma materia.

No parece entonces necesario crear en la Comuna ningún organismo para hacer cumplir las leyes de tránsito. Simplemente, hay que hacerlas cumplir con el personal con que ya se cuenta. Por otra parte, es bien sabido que la creación de una nueva dependencia administrativa –más allá de los eventuales desembolsos salariales que deberán cubrirse- supone siempre la erogación de otros gastos muy voluminosos: nuevos espacios para la dependencia, muebles, sillas, papelería tabiques, computadoras propias, gastos en servicios de electricidad, gas, agua, teléfonos y así hasta el verdadero infinito.

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Se le viene reclamando a las sucesivas administraciones –sean nacionales, provinciales o municipales- que se achiquen los enormes gastos presupuestarios en que incurre el Estado. Se sabe perfectamente que agrandar el gasto público se traduce en la creación de nuevos impuestos y tasas, de aranceles por diversos trámites y, desde luego, no es necesario contar con dotes adivinatorias para saber que esos recursos salen del bolsillo de millones de contribuyentes, que están exhaustos de sostener a un Estado cada día más gigante y más ineficaz.

En el caso de la seguridad en el tránsito, existen brechas no cubiertas que tienen que ver con la falta de educación de muchos conductores, que ignoran por completo la existencia de leyes que se sancionan para evitar la anarquía en las calles. Los expertos viales recuerdan que la mayoría de las personas vive muchas de sus horas en la calle y que, sin embargo, en ningún nivel escolar se les enseña a los alumnos a comportarse en la vía pública.

Este problema, que sigue desatendido, no lo resuelve la creación de un nuevo organismo administrativo.

Es de esperar entonces que la Municipalidad local revise a fondo una decisión que, más allá de que pudiera estar bien intencionada, insumirá gastos presupuestarios enormes y no aportará soluciones eficaces al problema del tránsito.