Paro de micros en La Plata: no descartan endurecer la medida en el arranque de semana

Las empresas de colectivos mantuvieron durante la madrugada del domingo su postura de reclamo por deudas de subsidios que, sostienen, arrastra el Gobierno y realizaron la segunda noche del paro de los servicios todo el Gran Buenos Aires con la región de La Plata y su zona de influencia incluida. Todo, en un escenario que hasta el momento permanece sin cambios con respecto a las distancias entre las empresas y los funcionarios de la administración nacional que motivaron la puesta en marcha de las restricciones entre las 22 y las 5 de la mañana, por un periodo de tiempo indeterminado.

Una fuente del Ministerio de Transporte de la Nación indicó en la tarde de ayer que, a pocas horas de la segunda jornada de lockout o paro patronal, nada se corrió del lugar que dejó planteado el conflicto tras la difusión de un comunicado de las empresas, el viernes. Luego, no hubo más novedades. Al menos hasta el cierre de esta edición.

Mientras el sector empresarial mantenía silencio, desde el Gobierno se insistió en el rechazo a los argumentos de la protesta y en el anuncio de controles y sanciones a las empresas que no saquen los colectivos a la calle.

Las empresas reclaman la regularización de las transferencias por subsidios. Sostienen que se acumula una deuda del orden de los 17 mil millones de pesos.

INICIO DE SEMANA COMPLICADO

Según indicaron fuentes del sector la medida de fuerza entre las 22 y las 5, seguirá hasta mañana y no se descarta la extensión a lo largo de la semana. También se deslizó la posibilidad de que se amplíe el horario de la restricción. “Será hasta que el Gobierno abone una parte importante de lo que está debiendo”, apuntó una fuente empresarial en el inicio del fin de semana.

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Desde el Ministerio de Transporte de la Nación se reconoció que tienen todavía pendiente “parte de una deuda” con el sector, pero se aseguró que los pagos se vienen realizando “semana a semana”.

Por eso, desde la cartea se señaló el viernes que “no es entendible” el planteo “cuando los usuarios comenzaron a pagar desde el 1 de agosto un 40% de aumento en la tarifa en el transporte público”. Incluso, se aseguró que ese día, cuando las empresas se disponían a guardar los colectivos, “recibieron una nueva transferencia como parte de pago”.

Por su parte, una fuente del Ministerio de Transporte de la Provincia, dijo que en territorio bonaerense, las cuentas están “al día”.

Desde Nación completaron ese panorama indicando que “parte de la deuda presente corresponde a la falta de pagos de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por los servicios de esa jurisdicción, la cual viene cubriendo el estado nacional”.

El parate se anunció el viernes mismo, a través de un comunicado: “Las empresas de transporte público de pasajeros del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) que integran la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), se ven obligadas a anunciar, ante el cada vez mayor atraso en el pago de las compensaciones tarifarias que se vienen generando desde el mes de marzo del corriente año, que la asfixiante situación financiera impone la necesidad de suspender los servicios nocturnos, adaptar la cantidad de servicios diurnos a las prestaciones de día sábado y continuar con este tipo de restricciones hasta tanto cuenten con los recursos necesarios para regularizar las prestaciones”, se señaló.

El reclamo empresarial arrancó en julio, con un paro similar de las líneas. Entonces, corrían las vacaciones de invierno y la medida precedió el anuncio de aumento del boleto, en el 40%.

Luego, las empresas volvieron a parar el viernes pasado y el lunes 15 (feriado). En esos días, las empresas locales no se sumaron. Esta vez, pararon todos los servicios.

Según las cámaras, “a la fecha, las líneas de distrito federal, nacionales y provinciales tienen sin cobrar el importe equivalente a un mes de los aportes que realiza el Estado para cubrir los costos indispensables para la operación normal de los servicios, situación que ya no puede sostenerse por más tiempo y que en forma progresiva terminará provocando la paralización del sistema”.