Un giro de 180 grados que cambia la economía e impacta en el bolsillo

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que lanzó esta semana el presidente Javier Milei propone cambios significativos en trámites, contratos, obligaciones y medidas que impactan en el bolsillo de los consumidores desde este 29 de diciembre, día en el que entra en vigencia la normativa.

El decreto presidencial muestra un espíritu pro mercado al reducir regulaciones y eliminar muchas restricciones en sectores clave de la economía. Pero también en otras cuestiones que tienen que ver con el día a día de los ciudadanos, como la oferta en góndolas, tarjetas de crédito, contratos laborales, prepagas, medicamentos y recetas, recibos de sueldo, alquileres y trámites ante el registro automotor, por nombrar algunos.

Un ítem que también se destaca es el de convertir a todas las empresas estatales en sociedades anónimas y plausibles de ser privatizadas.

El texto del decreto tiene 83 páginas y contiene 366 artículos. En el segundo de ellos establece la “desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”, al tiempo que otorga al Estado la facultad de promover “un sistema económico basado en decisiones libres”.

Al presentarlo en cadena nacional, Milei señaló al déficit fiscal como el responsable de los males que han aquejado a la economía del país durante el último siglo y atribuyó el origen de este a los políticos que han aplicado una “receta” equivocada.

Según el gobierno, los cambios eliminarán burocracias y trabas que le hacen la vida más difícil a los argentinos, y ayudará a impulsar a sectores económicos hoy postergados, modernizando al Estado.

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Para los críticos, la desregulación de la economía beneficiará a los empresarios y dejará desamparados a quienes ya no contarán con la protección de las regulaciones estatales.

Una medición privada se ocupó de saber qué decía la opinión pública al respecto antes de que se conociera el contenido del DNU, pero teniendo en cuenta el plan “motosierra” que Milei había adelantado desde la campaña.

Para corregir el déficit fiscal el gobierno venía advirtiendo que buscaría diversas fuentes de ahorro para eliminar el déficit. Entre ellas, hay 5 principales: reducir gastos administrativos y empleo público, no financiar el déficit de las empresas públicas, ahorrar gasto en subsidios económicos (con el correlato de trasladar ese costo a los usuarios), paralizar la obra pública y reducir las transferencias discrecionales a las provincias, según revela un informe de Ecolatina.

La decisión de buscar el ahorro en recortar gastos administrativos y empleo público es la fuente que más apoyo social recoge. Un 56,2% de los consultados se mostraron a favor de ahorrar recursos de esta forma, de acuerdo a una encuesta que realizó la consultora Synopsis entre 1.300 casos en todo el país.

Por el lado de las empresas públicas, la idea de no financiar más el déficit de empresas, como Aerolíneas Argentinas, AYSA o Ferrocarriles Argentinos, recoge el apoyo de más del 50% de los consultados, mientras que sólo un 41% de ellos se manifiesta poco o nada de acuerdo en ajustar ese gasto.

Con el DNU el Gobierno nacional ordenó la derogación de numerosas leyes

La propuesta de paralizar toda la obra pública es una de las 3 fuentes de ahorro que recogen más rechazos que apoyos. Un 48,4% se manifiesta poco o nada de acuerdo mientras que un 42,5% se manifiesta a favor de ahorrar recursos paralizando la obra pública.

Tampoco recoge amplio consenso social la idea de paralizar las transferencias discrecionales a las provincias. Solo un 36,3% se manifiesta a favor, mientras que un 46,5% lo hace en contra de la propuesta.

Finalmente, la propuesta que más rechazos genera es la de reducir los subsidios y aumentar tarifas de servicios públicos. Solo un 36% se manifiesta a favor, mientras un 53,3% se manifiesta en contra.

En definitiva, el desafío político de eliminar el déficit fiscal toma dimensión cuando se evalúa el apoyo social que recogen las alternativas de ajustar el gasto público. Sobre todo porque muchas de las fuentes de ahorro, son fuentes que terminan repercutiendo en los bolsillos de la gente, o chocando contra paradigmas aspiracionales respecto de lo que el Estado debe ser o debe tener, revela el informe.

De todas las fuentes analizadas, la que más apoyo social recoge es la de reducir gastos administrativos o recortar empleo público.

EXPECTATIVAS

El gobierno apuesta a que, con la derogación de numerosas leyes y controles, se pueda revertir la difícil situación que atraviesa la economía, con una inflación de tres dígitos, el agotamiento de sus reservas internacionales y un déficit que, según Milei equivale a 15% del Producto Bruto Interno.

Al amparo de la declaración de necesidad y urgencia, el gobierno ordenó la derogación de numerosas leyes incluyendo la de alquileres, de abastecimiento, de promoción industrial y de promoción comercial, entre otras.

Un cambio radical se dará en la declaración de un servicio como esencial, lo que implica que su interrupción o afectación podría tener consecuencias graves para la comunidad. El DNU de Milei hace de la educación servicio esencial en todos los niveles. Por lo tanto, a la hora de prestar servicios mínimos en ningún caso podrán tener una cobertura menor al 75%.

El DNU de Milei hace de la educación un servicio esencial en todos los niveles

Otros servicios que pasan a ser considerados esenciales son los servicios sanitarios y hospitalarios; el transporte y la distribución de medicamentos; la producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; y los servicios aduaneros y migratorios vinculados al comercio exterior.

Las medidas también prevén convertir las empresas del Estado en sociedades anónimas. En el caso de Aerolíneas Argentinas, se establece una autorización para la cesión total o parcial del paquete accionario, revela la BBC en un informe.

En términos de liberalización, el decreto incluye la adopción de una política de cielos abiertos, modificar el Código Civil y Comercial para fortalecer el principio de libertad contractual entre las partes y asegurar que las obligaciones en moneda extranjera sean canceladas en la moneda pactada, entre otras cosas.

También se buscará facilitar el comercio internacional a través de la reforma del Código Aduanero.

Otra área sometida a reforma es la medicina privada, así como el régimen de empresas farmacéuticas, entre las que se quiere incentivar la competencia con miras a reducir costos.

También se elimina el monopolio de la agencias de turismo y se apunta hacia la desregulación de los servicios de internet satelital para permitir la entrada de nuevas empresas como Starlink, propiedad de Elon Musk.