La Justicia Federal inició una investigación contra una banda apuntada por traer a las ciudadanas rusas a tener sus bebés a Argentina con documentos apócrifos por los que les cobraban miles de dólares.
En ese marco, la jueza María Servini ordenó allanar dos departamentos en el barrio porteño de puerto Madero en los que secuestraron “elementos tecnológicos como notebooks, tablets, unidades de almacenamiento externo (discos- USB), teléfonos celulares, documentación personal, documentación migratoria, certificados policiales, dinero en moneda extranjera (dólares y euros) y moneda nacional”, detallaron efectivos de la Policía Federal.
La investigación inicio luego de que una mujer advirtiera en la División de Delitos Federales de la PFA, la existencia de supuestas “maniobras irregulares en el ingreso de ciudadanas rusas a punto de dar a luz en el país, el nacimiento de ellos y el otorgamiento de trámites migratorios”.
De esta manera, la justicia dio en el primer departamento con Olga Guz, una mujer de 33 años oriunda de Kazajistán que contaba con documento nacional argentino y que presuntamente actuaba como traductora y gestora en la organización. En el departamento vivía junto a su pareja, un joven argentino que se dedica a “actividades profesionales, científicas y técnicas”.
En el otro inmueble residía una pareja rusa compuesta por Elena Kuklina, una joven de 26 años y Ruslan Yuslashev, un hombre de 39. Mientras que la mujer aseguró dedicarse a “servicios de informática”, el hombre manifestó que sus ingresos provienen de “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia”.
Si bien ninguno quedó detenido fueron notificados y se les prohibió salir del país, ya que son los principales sospechosos de conducir la organización que les cobraba entre 20.000 y 35.000 dólares a las embarazadas para ingresar al país, tener sus hijos e irse una vez obtenida la residencia y el pasaporte Argentino.
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