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La oposición dialoguista le reprocha a la Rosada la falta de diálogo, exigen “gestos” y anticipan una negociación “ley por ley”
Con el acompañamiento de apenas 85 diputados (de un total de 257), el Gobierno alcanzó la semana pasada el tercio necesario para sostener el veto a la ley de financiamiento universitario, pero quedó lejos de consolidar una mayoría que le permita sancionar cualquier otra iniciativa. Por ejemplo, el Presupuesto 2025, cuya aprobación depende de la oposición y los gobernadores dialoguistas con los que Javier Milei ha logrado imponer su voluntad en el Congreso y que ahora endurecen sus exigencias para que la Casa Rosada cumpla con los compromisos asumidos.
Tanto la UCR como Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, la Coalición Cívica, el Pro y los partidos provinciales empiezan a evidenciar cierta sensación de hartazgo y le reprochan al oficialismo la falta de un diálogo fluido.
“Acaban de consolidar el partido del bloqueo y la minoría”, protestó Pichetto en la última sesión en la que el Ejecutivo logró blindar el veto presidencial al presupuesto universitario, y advirtió: “No va a venir ninguna inversión si se demuestra que hay fragilidad institucional y si el Gobierno no consolida una mayoría para poder gobernar”.
La minoría libertaria a la que aludió Pichetto es asumida también en el Gobierno. “Somos una re minoría en el Parlamento”, reconoció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista reciente, donde también admitió que “puede ser que no tengamos el número para aprobar el Presupuesto y puede ser que no se apruebe”. En tal caso, anticipó, “quedará vigente el Presupuesto anterior con las actualizaciones que correspondan. No nos asusta”.
Camino a ese debate, el oficialismo no tiene garantizado el respaldo sin condiciones de su máximo aliado, el PRO, donde hablan de una negociación “ley por ley” y piden que el Presupuesto incluya el detalle de la coparticipación adeudada a la ciudad de Buenos Aires.
En el mismo plano, los mandatarios de Juntos por el Cambio no están conformes con el trato que reciben de la Rosada y prometen endurecer su posición dado que consideran que el Gobierno ratificó su estrategia de construir con un sector del peronismo. Además insisten con el reclamo por la deuda con las cajas provinciales no transferidas y la liquidación de los pasivos de las obras en ejecución.
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Un anticipo de la nueva actitud que podrían tomar los gobernadores la dio el sanjuanino Marcelo Orrego, que envió a sus diputadas (que antes habían acompañado todas las medidas del oficialismo) a votar en contra del veto de Milei. También el salteño Gustavo Sáenz mandó a sus legisladores a acompañar el financiamiento universitario.
“El Gobierno no está cumpliendo con todo lo pautado”, coinciden, por su parte, los mandatarios peronistas que ayudaron a sostener el veto y que, como los de JxC, se quejan por la “falta de gestos” del Ejecutivo nacional.
En este grupo aparecen Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien aportó tres diputados que se alinearon con la voluntad del Presidente; Hugo Passalacqua (Misiones), que ordenó a sus cuatro legisladores a abstenerse; y el catamarqueño Raúl Jalil, quien la semana pasada ausentó a Fernanda Ávila del recinto y privó a la oposición de un voto decisivo que allanó el camino hacia la victoria libertario.
“Puede que no tengamos el número para aprobarlo. Somos una re minoría”
“Es el último gesto, que quede claro”, avisaron desde Catamarca, que tiene una alta dependencia de fondos nacionales y empieza a presionar al Gobierno en plena discusión por el Presupuesto.
En ese sentido, será determinante el curso de las negociaciones durante el fin de año, cuando las exigencias presupuestarias provinciales se acentúan por el pago de sueldos, bonos y el medio aguinaldo.
Aún cuando, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), de Nadin Argañaraz, los gobernadores que acompañaron al oficialismo en el Congreso estuvieron entre los más beneficiados: Misiones recibió en lo que va del año $9000 millones; Chubut ($4500 millones), Entre Ríos ($3800 millones), Santa Cruz ($3000 millones) y Tucumán ($2000 millones).
Sin embargo, las transferencias no automáticas por parte de la Nación a las provincias tuvieron una caída real del 67,5%. Y, aunque todas retrocedieron, el impacto fue menor en la Ciudad de Buenos Aires (-22,9%), Jujuy (-67,7%), y Santa Cruz (-69,7%).
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