Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, revelaron ayer a La Nación que si la Justicia acepta a esta cartera como querellante en la causa que investiga las extorsiones de los grupos piqueteros, apuntarán contra exfuncionarios de Alberto Fernández. convencidos de que se trató de un “gran plan criminal sistemático” que no podían ignorar las autoridades del anterior gobierno.
De los análisis que ya se hicieron se desprende, según explican fuentes del tema, que el “mayor descontrol” se vivió tras la pandemia de Covid-19 durante 2022 y 2023.
En los cuatro meses de investigación “Seguridad denunció y Capital Humano fue el que aportó toda la información sobre lo investigado”, distinguen fuentes con acceso a lo sucedido desde que comenzó el caso en diciembre pasado. Fue luego de que la cartera a cargo de Patricia Bullrich denunciara lo que habían recibido en la línea 134, con testimonios de beneficiarios de planes sociales que daban cuenta de las situaciones a las que estaban expuestos por o para recibir la asistencia, las exigencias de ir a marchas, sanciones si no lo hacían y hasta la comercialización de bolsones de comida.
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