Sin apoyo estatal al sector privado no se reactivará la economía del país

El aumento de la pobreza a un alarmante 55,5 por ciento de la población argentina, con un nivel de indigencia que marcó un 17,5 por ciento, deja a la vista los altísimos niveles de desempleo y carencia de recursos que se registran en más del 20 por ciento de los hogares de nuestro país. Tales datos fueron ofrecidos en una reciente estimación sobre el primer trimestre de 2024, realizada por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina.

Así como se estimó a partir del sondeo, llevados esos datos al escenario de los 31 conglomerados urbanos más poblados del país, esto señala que cerca de 25 millones de argentinos son pobres y que unos 8 millones se encuentran en estado de pobreza extrema, muy por debajo del nivel de la llamada canasta básica alimentaria (CBA).

“Esta pobreza no es nueva, son décadas de fracaso”, había señalado el director del mencionado organismo universitario, al presentar el informe 2022. “Uno de cada 10 argentinos en pobreza extrema, e incluso 20 por ciento de la población mal alimentada en forma crónica”. Sostuvo que “es un país rico, tenemos los recursos, tenemos que mejorar las variables macroeconómicas; estamos dejando a un tercio de la sociedad afuera; necesitamos que la sociedad se movilice”, agregó.

En lo concerniente a este año, se señaló que la baja de la pobreza para fines de 2024 dependerá de que la inflación continúe en un sendero de desaceleración, comiencen a llegar inversiones y se reactive la economía. “Pero no sabemos cuánto más durará esta recesión. Si la inflación baja por los ajustes de tarifas y no se genera inversión, la pobreza seguirá cercana al 50 por ciento y la indigencia en el 15 por ciento”, afirmaron los autores del informe.

Desde luego que no podrá alcanzarse ninguna alternativa de recuperación si el Estado no respalda al sector privado para sacar al país de la recesión y la pobreza. El diagnóstico es demasiado conocido. Caída de las fuentes laborales; los que cuentan con trabajos estables, perciben salarios cada vez más bajos; la inflación condiciona a todos los sectores; los costos laborales y sociales que inciden sobre las empresas, especialmente las pymes, son cada vez más altos; la presión impositiva no deja de subir y sofoca toda iniciativa.

Es obvio que sin inversiones genuinas no podrá haber más empleos ni reactivación. Erradicar la pobreza exige varias condiciones: crecimiento económico, estabilidad de precios, menor peso de los costos públicos y mayor seguridad jurídica.

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Nuestro país necesita en forma urgente cuadros normativos que allanen la actividad del sector empresario, facilitando su función de creador de fuentes de trabajo. Desde luego que, como corolario de ello, la Argentina no sólo debe terminar con un largo período de déficit fiscal -con un sector público desordenado y cada vez con mayor voracidad tributaria- sino integrarse nuevamente como competidora idónea en el cada día más competitivo mercado internacional, generador de las mayores riquezas.

Los graves problemas que plantea esta recesión son de una enorme magnitud y acaso el más acuciante sean el del desempleo y el subempleo. Frente a ellos es imperativo que el sector privado recupere su rol productivo y le entregue a la sociedad fuentes laborales genuinas. Este esfuerzo a realizar y la posibilidad de revitalizar la economía –una alternativa cercana, si se advierten los calificados recursos humanos existentes- depende también, en buena medida, de que el Estado acompañe a tantos pequeños y grandes empresarios que, optimizando su gestión, podrán resurgir y darle nuevamente robustez a la vida económica del país.