En el Senado, el juez Ariel Lijo defendió sus fallos y defendió su candidatura a la Corte Suprema

El juez Ariel Lijo defendió hoy su candidatura para integrar la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión de Acuerdos del Senado, en una extensa jornada que estuvo cruzada por cuestionamientos sobre su desempeño en la Justicia federal y su "idoneidad" para ejercer el cargo.

La audiencia pública, que se realizó en el Salón Azul del Congreso, inició pasadas las 10 y se extendió hasta casi las 18.30, y estuvo presidida por la senadora y titular de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (PRO). Tras la lectura de las adhesiones e impugnaciones, Lijo se presentó ante los senadores, a quienes halagó.

El magistrado, en una alocución que se extendió por poco más de media hora, relató sus inicios en la Justicia, citó al escritor Jorge Luis Borges y hasta se emocionó al recordar a su padre. Era la segunda vez que Lijo se presentaba en el Salón Azul; la primera había sido en 2004, durante el proceso de postulación a los tribunales de Comodoro Py.

Lijo intentó exhibirse, además, como un "representante del Poder Judicial" en la Corte. "La Corte hoy está integrada por académicos, por jueces que provienen por distintos sectores de la actividad jurídica, y yo sería un representante del Poder Judicial", subrayó el aspirante al Tribunal Supremo postulado por el presidente Javier Milei.

Según su exposición, que remitió en varias ocasiones a su paso por diversas dependencias judiciales, "la función de los magistrados no se agota en resolver casos, en resolver expedientes", sino "que hay otras decisiones que se deben abordar". "La función de la Corte no termina en resolver la función judicial, absolutamente", subrayó. 

Para Lijo, "la respuesta del Poder Judicial no puede ser solamente la resolución del caso, sin asumir que hay otras consecuencias de los casos que le tocan, el caso es el síntoma de lo que está ocurriendo". Y continuó: "Creo que la Corte debe tener una política que implique la tutela de casos de violencia doméstica, de género, de menores y adicciones".

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Esa fue una de las líneas argumentativas que intentó mantener el juez a lo largo de toda la audiencia. A su vez, sugirió dinamizar los procesos de sentencia del máximo tribunal con el fin de bajar la litigiosidad: "Llega el momento de que la propia Corte y el Congreso se sienten y encuentren una solución".

Asimismo, pidió que las "cuestiones de la política deben resolverse en el ámbito de ideas que establece la Constitución". "Las cuestiones entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo tienen también sus propias reglas, de frenos y contrapesos. Y créanme que no siempre el Poder Judicial puede brindar una solución para este tipo de conflictos", reflexionó Lijo que, sin decirlo, se refirió así a la ley de Coparticipación nacional.

Por otra parte, y casi sobre el final de su exposición, Lijo afirmó que es "indispensable que el ámbito de la Corte Suprema se cree una secretaría especial que investigue el atentado a la AMIA". "Se sabe mucho más de las organizaciones, se sabe cómo fue financiado... De quiénes fueron los autores y qué mecanismos utilizaron", sumó.

Lijo es, desde septiembre de 2023, el juez que investiga el atentado a la AMIA; de hecho, recibió hace algunas semanas el apoyo de la DAIA. Seguidamente, y tras finalizar su disertación, el magistrado se puso a disposición de las preguntas de la ciudadanía y de los senadores.

Abierto el juego, la primera en apuntar contra Lijo fue la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) que, antes de preguntar, lo calificó como "un tiempista de las causas" y citó cifras estadísticas del desempeño de Lijo en su juzgado al sostener que tiene "baja condena en los casos de corrupción" en los que intervino.

Álvarez Rivero sostuvo también que Lijo fue reiteradas investigado por el Consejo de la Magistratura, lo que llevó al juez a responder que por "la no aceptación de la decisión del tribunal no puede hacerse cargo". "Lo vivo también como un episodio de injusticia porque sigue habiendo un manto de sospecha falaz sobre mi identidad moral", remarcó Lijo.

El guante lo recogió la senadora radical Carolina Losada, que le espetó: "De todos los jueces de Comodoro Py, usted es uno de los tres más denunciados. Yo no considero que sea idóneo para el cargo y pone en peligro a la Nación Argentina".

A su vez, Losada profundizó su cuestionamiento a Lijo al apuntar contra la composición de la Corte Suprema por la falta de una integrante mujer. El abogado fue propuesto por el Ejecutivo para reemplazar la vacante que dejó la ex ministra de la Corte Elena Highton en 2021.

También otros senadores se plegaron a la consulta de Losada como el radical Pablo Blanco, quien quedó apartado de la Comisión de Acuerdo, y la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Otro de las interrogantes que respondió Lijo vino por el lado de la ampliación de la Corte Suprema: la pregunta fue realizada por el senador kirchnerista Sergio Uñac, pero el juez la evadió al sostener que no tiene una posición tomada al respecto.

Paralelamente, la dolarización, promesa de campaña de Milei, se coló entre las preguntas: si bien la primera aproximación en esa línea la motorizó Fernández Sagasti, fue retomada por el senador radical Martín Lousteau, enemistado con el jefe de Estado.

En su respuesta, Lijo evitó profundizar en el tema y pidió ser dispensado para volcar su posición al respecto. No obstante, reconoció la potestad constitucional que existe de defensa de la moneda nacional: "El Congreso tiene una función específica que puede ejercer y el resultado de esa situación tiene que poder ser revisado judicialmente".

Las dudas y elucubraciones sobre las causas pesadas y de renombre que tuvo -y tiene- Lijo también se plasmaron en la tarde de este miércoles. El encargado de transformarlas en interrogantes fue el senador y titular del bloque radical, Eduardo Vischi, quien ocupó el lugar de Blanco en la Comisión de Acuerdos.

"No soy ajeno a la utilización y la especulación que se genera. Vuelvo a repetir: soy un persona íntegra y he demostrado que esas denuncias eran falsas", inició Lijo en referencia a la causa Siemens; YPF, que involucra a la familia Eskenazi; y el caso Ciccone, que terminó con la condena del ex vicepresidente Amado Boudou.

Tras finalizar la ronda de preguntas y respuestas, Tagliaferri dejó abierta la posibilidad de la firma del dictamen, que es el despacho que habilitaría el tratamiento del pliego de Lijo en el recinto del Senado. 

Pero el magistrado todavía no cuenta con el consenso suficiente para reunir las nueve firmas mínimas que requiere el documento sobre un total de 17 senadores que componen la comisión. El próximo miércoles a las 10 se repetirá la misma dinámica pero con la presencia Manuel García Mansilla, el otro candidato a la Corte Suprema propuesto por Milei.

La administración libertaria apuntala un acuerdo subterráneo con el kirchnerismo duro. Los encargados de tal trabajo son el asesor presidencial Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Si bien fantasean con un encuentro con la ex presidenta Cristina Kirchner, en los hechos buscan intermediarios para ese trabajo.

La Comisión de Acuerdos, que preside la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri (CABA), está compuesta por otros 17 miembros: siete kirchneristas, cuatro de la Unión Cívica Radical (UCR), uno de La Libertad Avanza (LLA) y cuatro pertenecientes a bloques federales.

Para que el pliego de Lijo llegue al recinto necesita la firma de nueve de sus 17 integrantes. Por lo tanto, si el kirchnerismo decide no firmar el pliego, la posición de Lijo quedará en el aire, al menos hasta que se logre acordar con esa bancada.

La senadora de la UCR Carolina Losada es una de las figuras que se opone a la candidatura de Lijo. El otro es su compañero de bancada de la UCR Pablo Blanco, quien el lunes último en declaraciones radiales señaló que su bloque todavía no "tomó una postura sobre el pliego de Lijo", pero afirmó que acompañará "únicamente a una candidata mujer porque es lo que corresponde".

Lijo fue candidateado por el Gobierno como reemplazo de Elena Highton, quien dejó la Corte en 2021.

Ante las negativas de Losada y Blanco, y en eventual caso de que el kirchnerismo mantenga la postura de Mayans, serían sólo ocho las firmas que reuniría el pliego de Lijo.

Otra de las dudas marcha por el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau: el legislador estaría siendo presionado por su socio de Evolución, Emiliano Yacobitti, para acompañar el pliego. En la cúpula del centenario partido observan que la sociedad Lousteau-Yacobitti no transita un buen momento, justamente, por Lijo.

Lousteau aspiraría a renovar su banca en 2025 y acompañar el pliego del juez, cuestionado fuertemente por diversos actores históricos de la UCR y de la instituciones satélites del Poder Judicial, lo que lo pondría en una posición de debilidad. Por lo tanto, el dirigente delegó la decisión en el partido, que todavía no se expidió.

Si bien el contexto en el que Lijo defenderá su pliego no será el más amigable, no es obligatorio que las firmas estén este miércoles. De hecho, Tagliaferri dejaría en claro sobre el final de la audiencia publica que quedará habilitado el despacho para su firma.

Lijo arribará al Congreso y sobre su espalda tiene múltiples adhesiones como así también impugnaciones: sólo en el Senado, el magistrado recibió 33 impugnaciones y 16 adhesiones. Su postulación no solo generó reacciones negativas fuera del Gobierno, sino también puertas adentro. Una de las principales voces oficialistas que encarnaron la negativa fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien preside el Senado. "Es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema", consideró Villarruel este martes al asistir al Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, organismo que cuestionó también la candidatura de Lijo.