Villarruel con una agenda propia de la que el gobierno toma distancia

Cuando Victoria Villarruel tiró la bomba sabía que tendría impacto. El martes en el Senado, durante un acto en homenaje a las víctimas de los ataques de las organizaciones guerrilleras de los años 70, dijo: “Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo, para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar a nuestra Nación”.

Una primera consecuencia (¿buscada o no?) fue que esos dichos opacaron, en términos de repercusión mediática, una buena noticia para el gobierno que se produjo también en el Senado ese mismo día: que la oposición fracasó en su intento de voltear el DNU que otorgó a la SIDE más de 100 mil millones de pesos para gastos reservados. Hubiera sido una nueva derrota legislativa para la Casa Rosada.

También debe haber maldecido la incursión de la Vice el ministro de Economía, Luis Caputo. Su decisión de bajar el Impuesto PAIS a los importadores también quedó en una segundo plano. Por eso los operadores mediáticos del oficialismo tuvieron que remarla bastante ayer miércoles para hacer resaltar ese dato que, se espera, repercuta en ciertos precios.

Desplazada de las negociaciones políticas en la Cámara alta por su mala relación con Karina Milei, apuntada además por el influyente asesor Santiago Caputo, que la ve como una amenaza política, Villarruel despliega una agenda propia bajo la premisa de que, a pesar de las humillaciones que dice sufrir, nunca jugará en contra de Javier Milei y jamás pondrá en riesgo la institucionalidad. No será un Cobos o un Chacho Alvarez, digamos.

La arremetida contra los exmontoneros no es una novedad en su discurso histórico. De hecho, su perfil político, por lo que Milei la eligió de socia electoral, tiene que ver con eso y con su extendida prédica en la familia militar, de la que ella es parte como hija de un ex combatiente de Malvinas, oficial del Ejército. Pero la verdad es que desde que asumió el cargo de vicepresidente había mantenido el tema resguardado, en reposo, acaso para no incomodar a la Rosada.

“UNA LUCHA DE ELLA”

Ayer, desde el Ejecutivo salieron a despegarse de la idea de la Vice de tratar de abrir las causas contra los exguerrilleros, muchos de los cuales ya han muerto. Se deslizó que el planteo de fondo es atendible (la tesis de la “verdad completa”) pero que no es parte de la agenda de Milei.

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Dijo el vocero presidencial Manuel Adorni: “Todos sabemos de la lucha que Villarruel lleva desde hace años para que la Justicia juzgue a todas las partes (en relación con los 70). Obviamente es un tema de la agenda de ella porque es su bandera y la conocimos en esta lucha. Es un tema que hoy no está agenda del Presidente”.

“No es un tema que esté planteando el gobierno nacional”, subrayó el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, cuando lo consultó la prensa.

Es verdad. Cuando Villarruel dice “reabriremos todas las causas” no habla del gobierno. El pedido judicial de reapertura llegaría a través de la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que es la ONG que creó la Vice hace años. Una suerte de contra cara del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el que desde siempre influye el periodista Horacio Verbitsky, ex montonero en su juventud.

“Ella está buscando generar un nuevo clima político y enviarle un mensaje al Poder Judicial. Dice que durante 20 años la Justicia juzgó de manera distinta a militares y guerrilleros. Quizás ahora la Justicia pueda actuar menos condicionada por la política”, explican en el entorno de Villarruel. Hizo una movida de ajedrez apenas asumió: nombró a cargo del tema derechos humanos del Senado a Claudia Rucci. Es la hija de José Ignacio Rucci, el ex secretario general de la CGT, casi un hijo para Perón, que fue asesinado por los Montoneros.

POCO PROBABLE

No le será fácil a “Vicky” meter una cuña en Tribunales. Es que, en efecto, la visión de la Justicia argentina fue distinta para la violencia que ejercieron esos dos bandos. Los actos de Montoneros, el ERP y demás organizaciones, no son considerados delitos de lesa humanidad por el Poder Judicial. Muchos combatientes, en especial los jerarcas, fueron juzgados y encarcelados. Después, el ex presidente Carlos Menem los indultó. Por el paso del tiempo, las causas han prescripto para las normativas vigentes.

En cambio, los crímenes cometidos por los militares sí son considerados de “lesa” porque en plena dictadura ostentaban el monopolio de la fuerza estatal y los resortes judiciales para evadir responsabilidades. Por eso son imprescriptibles. Argentina juzgó a los principales comandantes militares y los encarceló, en el juicio histórico del año 1985. Menem también los indultó.

Pero en 2003, con la llegada de los Kirchner al poder, se abrió un proceso político para juzgar, sobre todo, las cadenas de responsabilidades. Así, el Congreso primero derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y luego de que la Corte Suprema definiera que habían sido inconstitucionales, comenzó el juzgamiento de muchísimos militares que habían quedado exceptuados de rendir cuentas ante la justicia porque se habían beneficiado de esas normas, bautizadas en su momento como las “leyes del perdón”.En la actualidad hay unos 300 ex militares cumpliendo condena, entre los que tienen prisión domiciliaria y los que están alojados en penales.

El dato viene a cuento por la polémica y provocativa visita de un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza a represores alojados en la cárcel de Ezeiza, entre los que se destaca el ex marino Alfredo Astiz, que generó incluso una pelea patética posterior en el seno de ese bloque.

Por su historia pro-militar, luego de que trascendiera esa visita muchos ojos se posaron en Villarruel. Pero ella no emitió ni una palabra al respecto. Alguna fuentes oficialistas remarcaban ayer que el acto del martes por el tema Montoneros tal vez haya perseguido la intención justamente de despegarse de aquella foto polémica. Como diciendo que su norte está más en buscar justicia para las victimas de la guerrilla, que en preocuparse por lo que acontece hoy con los ex represores.

Es que luego de aquel “tour” a Ezeiza, del que nadie quiere hacerse cargo, trascendió que varios de esos diputados querían impulsar un proyecto de ley para que los ex militares encarcelados -la mayoría con cadena perpetua- o bien cumplan condena domiciliaria o directamente se les permita un régimen deambulatorio. El Gobierno también se despegó de esta versión con un “silencio stampa”.