Un fallo de Casación ordena la libertad condicional de condenados por narcotráfico, al declarar inconstitucional una ley

La Cámara Federal de Casación Penal, declaró inconstitucionales varios artículos de la ley 24.660, que impedían la libertad condicional para condenados por delitos graves como narcotráfico, terrorismo, trata de personas y secuestro seguido de muerte.

El fallo, adoptado por dos votos contra uno, abre la puerta a la liberación anticipada de decenas de delincuentes.

La normativa en cuestión había sido reformada en 2017 para evitar que los condenados por delitos de extrema gravedad pudieran acceder a beneficios que les permitieran salir antes de cumplir su pena. Sin embargo, la sala de feria de Casación, con los votos favorables de los jueces Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, decidió flexibilizarla, dejando en minoría al juez Diego Barroetaveña, quien votó en contra de esta medida.

Este fallo responde a la causa «Beati, Carlos Hernán s/ recurso de casación», un caso de narcotráfico en el que la defensa del condenado solicitó la revisión de su sentencia y la posibilidad de acceder a la libertad condicional. La decisión no solo favorece a Beati, sino que sienta un precedente que podría beneficiar a cientos de sentenciados por delitos similares, lo que generó preocupación en los tribunales federales.

En cuestión, el fallo establece la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis, inciso 10, de la ley 24.660 y 14 inciso 10 del Código Penal, ambos incorporados por la ley 27.375. Con esta decisión, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 deberá revisar su fallo y conceder la libertad condicional al condenado.

Según la jueza Ledesma, las restricciones que impedían la libertad condicional "atentan contra la progresividad del régimen consagrado en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos". En su voto, sostuvo que los textos normativos de mayor jerarquía no hacen distinción entre tipos de delitos, por lo que cualquier restricción en leyes inferiores sería una vulneración de derechos.

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Por su parte, el juez Gemignani se sumó a la postura de Ledesma, mientras que Barroetaveña, en disidencia, argumentó que no correspondía conceder el beneficio y que la normativa cuestionada era totalmente legítima, en línea con la necesidad de endurecer las penas contra el crimen organizado y el narcotráfico.