Dólares en el colchón: la Provincia controlará y cobrará sus impuestos

El gobierno de Axel Kicillof volvió a diferenciarse ayer de la administración de Javier Milei. Tanto el Gobernador como el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, no dudaron en cuestionar como un “blanqueo encubierto”, pero sin respaldo normativo, las recientes medidas de la Casa Rosada para que los argentinos saquen los dólares no declarados “debajo del colchón” y los ingresen al circuito formal. Por eso, advirtieron, la Provincia continuará aplicando las herramientas de fiscalización y control habituales.

“Mucho ruido y pocas nueces”, disparó Kicillof en conferencia de prensa y cargó contra lo que calificó como “un intento de blanqueo permanente, pero sin aprobación legislativa”.

Sobre el alcance real de las medidas nacionales, el mandatario provincial las interpretó como “una estrategia para legalizar fondos sin origen claro. Si alguien sistemáticamente empieza a comprar propiedades o depositar sumas importantes y no tiene cómo justificarlo, eso sigue siendo delito. Pero ahora el Estado nacional ha reducido su capacidad de detectarlo en tiempo real”.

Por su parte, Girard apuntó también contra la falta de claridad en los anuncios de la Casa Rosada: “Pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes”, alertó el titular de ARBA, y reforzó: “No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”.

De esta manera, el funcionario que responde a Kicillof dejó en claro que la Agencia seguirá cobrando lo que corresponda por impuestos provinciales a los fondos que ingresen al sistema.

Fiscalización firme

Al respecto, el Gobernador bonaerense remarcó que la Provincia no tiene competencia directa sobre delitos como la evasión o el lavado de dinero, pero sí puede controlar con firmeza el cumplimiento tributario bonaerense. “Nosotros no cobramos Ganancias, pero sí seguimos trabajando para que el sistema sea ágil y justo. Lo que corresponde es que cada uno tribute según su capacidad contributiva”, subrayó.

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En esta línea, Girard aseguró que “ARBA sigue trabajando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control. Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”.

El director ejecutivo de ARBA explicó que lo único implementado hasta ahora fue la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. En este último caso, las personas alcanzadas ya no deben declarar variaciones patrimoniales, sino únicamente ingresos y gastos deducibles.

“Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados”, insistió Girard y agregó: “No apunta a ahorros acumulados, sino que apunta a que no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo. Pero la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta. Eso deja a las y los contribuyentes en un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales”, advirtió Girard.

Además, “mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto. Si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente. Esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal. Lo único concreto es que ARCA deja de controlar. Párrafo aparte para la responsabilidad que asumen quienes deciden no reclamar impuestos evadidos”, criticó el responsable de ARBA.

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Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados”.

Cristian Girard Director ejecutivo de ARBA