Denuncian pérdidas en el agro por la motosierra

La Confederación de Productores Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) denunció que por la paralización de las obras del río Salado las pérdidas productivas ya se estiman en más de U$S5.000 millones.

Y señaló que el impacto económico acumulado supera los U$S40.000 millones.

Al asumir Javier Milei, se frenó el dragado del Río Salado en la zona de Lobos, 25 de Mayo y Roque Pérez.

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Aunque en 2024 figuró dentro de las 300 obras “prioritarias” para seguir, a la fecha están paralizados los trabajos, indicaron desde Carbap.

Al marcar que la Cuenca del Salado atraviesa cuatro provincias (Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe), en la entidad señalaron que “el financiamiento nacional resulta no solo lógico, sino indispensable”.

Y agregaron: “El Estado Nacional debe asumir su rol protagónico en la culminación de las obras. No se trata de una demanda provincial, sino de una inversión estratégica con impacto nacional. La inacción ya ha generado un costo demasiado alto”.

La Cuenca del Salado tiene 17 millones de hectáreas de extensión, en las que se concentra el 75% del stock vacuno bonaerense (que representa el 28% nacional) y entre el 60 y 70% de los granos que produce la provincia, que equivalen a entre 20% y 25% de la producción nacional.

En Carbap agregaron que la cuenca concentra el 40% de la producción nacional de cebada y girasol y ahí se produce un 20% de la leche nacional.

“Hay recursos, pero están durmiendo la siesta”, se quejó el titular del Consejo del Salado y coordinador de la comisión de aguas de Carbap, Alberto Larrañaga, quien aseguró que, para esa obra, existen los recursos del Fondo Hídrico Nacional.

INTA

En el marco de una reunión de la Zona 8 de CARBAP realizada en la Asociación Agropecuaria de Eduardo Castex, el vicepresidente segundo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Marcelo Rodríguez, cuestionó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al afirmar que el organismo necesita una reestructuración por “superpoblación” de personal y falta de efectividad en su vínculo con el productor agropecuario.

“En años anteriores se utilizaron estas instituciones para otros fines, y se hace una superpoblación que realmente no cumple con lo que tiene que cumplir el INTA”, afirmó Rodríguez, respaldando así la visión que impulsa el actual Gobierno Nacional sobre el achicamiento del ente.