El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados

En un clima de dudas sobre un posible tratamiento exprés, el Senado esperaba el giro de los proyectos de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan, luego de que la Cámara de Diputados les diera media sanción el miércoles pasado y asestara otro otro duro golpe al Gobierno.

Si bien el interbloque kirchnerista aspira a discutirlos en la próxima semana, los senadores dialoguistas, que vienen de votar en favor de los proyectos de jubilaciones y la emergencia en discapacidad ponen en duda la viabilidad de las intenciones de la bancada que conduce José Mayans.

“Hay que ver cuándo lo giran y a qué comisiones”, indicó un senador que en algún momento integró el grupo de los 39 y que ahora está parado en la vereda de enfrente a la administración del presidente Javier Milei.

“En el mejor de los casos, esto va a llevar dos semanas o tres”, agregó.

Mayans y un grupo de senadores referenciados mayoritariamente en La Cámpora dieron una difusa y rara conferencia de prensa el martes pasado en la que remarcaron la intención de acelerar con las iniciativas lo más pronto posible.

La intención de avanzar con el temario se da pocos días del cierre de listas, que será el próximo 17 de agosto, y en el sprint final de la campaña para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, donde se librará una dura batalla entre La Libertad Avanza y el peronismo en la Primera y Tercera sección electoral.

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De hecho, desde otro despacho opositor remarcaron que la intención del kirchnerismo de ir a fondo con los temas tiene un trasfondo netamente electoralista y que, en última instancia, persigue y alienta la polarización entre ambos espacios.

Proyectos con viento de cola

No obstante, los proyectos tienen un panorama alentador para su aprobación en el Senado: la iniciativa sobre el Garrahan fue sancionada en Diputados por amplia mayoría, cosechó 159, votos contra 67 y 4 abstenciones, con lo que alcanzó dos tercios que van a necesitar cuando el Gobierno vaya a vetar esta ley.

Fue apoyada por Unión por la Patria (Uxp), Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, la Izquierda y los radicales.

También lo hicieron algunos bloques aliados del oficialismo como los sanjuaninos de Producción y Trabajo; los monobloques de Transformación, el de Lourdes Arrieta y del radical Mario Barletta.

La iniciativa fue rechazada en Diputados por los diputados de La Libertad Avanza (LLA), los radicales con “peluca” de Liga del Interior y el grueso del PRO.

La Casa Rosada rechaza el aumento de aumento de los gastos operativos y una recomposición para el personal de salud que tiene un costo fiscal anual de 133 mil millones de pesos, según señaló la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Mientras que el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales fue aprobado en Diputados por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones.

La iniciativa, que cosechó adhesiones en UxP, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la Izquierda y Democracia para Siempre, fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI.

También se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley, y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.

Y un plenario de las comisiones de Presupuesto y Justicia, continúan el tratamiento de las iniciativas que proponen aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, tema sobre el que el oficialism no está de acuerdo.