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El fiscal quiere saber si hubo una operación ilegal de Inteligencia. Pero rechazó allanamientos a los periodistas apuntados
Carlos Stornelli
El fiscal Carlos Stornelli dispuso ayer que se prosiga con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.
La medida de Stornelli en resguardo de los periodistas “incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”, según el dictamen.
La aclaración realizada por el funcionario judicial surge como respuesta a un pedido realizado por el abogado del Ministerio de Seguridad nacional, Fernando Soto, quien pretendía que se allanara el canal de streaming -Carnaval- que publicó audios atribuidos a Diego Spagnuolo y la hermana del Presidente. También pidió que se requisaran los domicilios de los periodistas que participaron de esas transmisiones y de empresarios que estarían vinculados a la composición accionaria del medio periodístico.
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 sostuvo que “si bien en la denuncia realizada por el Gobierno se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”.
El Gobierno había denunciado el lunes ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, en tanto un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el “cese inmediato” de la difusión de ese material.
Stornelli señaló que “la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas .
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El fiscal Stornelli pidió medidas de prueba para saber quién está detrás del canal de streaming Carnaval y la repercusión mediática que tuvo la difusión de los audios de Karina Milei, que realizó esa señal.
Quiere que se realice un estudio de prensa a partir de los audios difundidos por el canal de streaming para determinar quiénes los retransmitieron y su alcance.
Supuestamente, esta medida está orientada a determinar si se corrobora la afirmación de Gobierno acerca de que la difusión de estos audios incidió negativamente en la opinión pública como para perjudicarlo en las elecciones del domingo próximo.
Además, el fiscal pidió informes a la Inspección General de Justicia, que es el organismo que controla a las sociedades y a las fundaciones, para saber quiénes son los dueños del canal Carnaval. El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia y crítico del Gobierno, es señalado como el accionista principal de la señal. Ayer, en su cuenta de la red X, el dirigente negó ser dueño de Carnaval.
Para el Gobierno formaría parte de una trama más amplia, que involucraría a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación orientada a derrocar al gobierno.
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