Externación de pacientes: el freno en la Justicia

Durante los últimos días, EL DIA publicó una serie de notas sobre la longevidad y el servicio de salud brindado en clínicas y hospitales de la Ciudad: directores y autoridades advirtieron -en diálogo con este diario- que aumentó el promedio de edad de los pacientes mayores internados y que, en muchos casos, carecen de visitas e incluso hasta mueren solos.

A ello, se suma un escenario más a analizar: la cantidad de judicializaciones a la hora de la externación de los pacientes mayores.

En un contexto sanitario donde la demanda supera la oferta, el presupuesto con el que cuentan tanto sanatorios como hospitales de la Ciudad, son finos.

En este marco, Néstor Porras -presidente de Fecliba (Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y otros establecimientos de la Provincia de Buenos Aires ) Distrito 1, es decir que incluye a la Región-, expresó a EL DIA: “Notamos que en las clínicas de la Ciudad se están incrementando mucho las judicializaciones; los famosos recursos de amparo” y detalló: “Con ello, tanto la obra social como los prestadores tienen que hacer lo que dice la justicia. Lo cierto es que se trabaja en conjunto para minimizar estas situaciones y que el paciente este en un lugar acorde a su situación”.

Según el dirigente de Fecliba, “el recurso de amparo lo presenta la familia para que el paciente mayor permanezca en la institución, mientras intenta conseguir un hogar o geriátrico”, señaló. No obstante, según él, lo que sucede es que la externación perdura por meses e incluso años.

En este sentido, una fuente allegada al sistema de salud de la Provincia detalló a este diario que “no hay la cantidad suficiente de camas en hogares para adultos mayores. Por ejemplo, en PAMI (prestación social para jubilados y pensionados) hay lista de espera. A ello se suma que la familia no quiere o no puede hacerse cargo. Entonces, se judicializa el caso para que la ley resuelva”.

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Asimismo, también hay situaciones en las que “hay adultos mayores que viven solos y son cuidados muchas veces por los propios vecinos. Ellos se hacen responsables de la internación pero después, lo que suceda, queda por fuera de ese paciente. Entonces, el sanatorio muchas veces carece de un referente a quién acudir”, analizó el presidente de Fecliba.

¿Y luego qué? “Hay pacientes que están años internados. Lo que hace el sanatorio es algo llamado “sostén”: se cubre lo que genera el paciente y, las mucamas, las enfermeras, administrativas se convierten en la familia del paciente”, expresó Porras y aclaró: “No obstante, es una habitación ocupada”.

Es preciso destacar que estas situaciones -aumento de la edad promedio del paciente longevo, externaciones trabadas por cuestiones legales, adultos mayores que mueren sin su familia- ocurren con mayor frecuencia en hospitales y clínicas que tienen una mayor cápita de PAMI, cuya mayoría de pacientes son adultos mayores.

Asimismo, Porras también puntualiza una cuestión cultural: “Es verdad que el grupo etario está creciendo y también que la familia no acompaña tanto de forma presencial. Hoy, el apoyo quizás es a través del celular. Hubo un cambio en la cultura generacional, de nuestros hijos, al cual debemos adaptarnos”, culminó.

La variante legal

La abogada especializada en derecho civil, familia y sucesiones, Camila Vidal, ante la consulta de este diario, coincidió en la “creciente judicialización de los procesos de externación de personas mayores” y analizó: “La multiplicación de amparos no es la causa del colapso sanitario, sino su consecuencia. Cada expediente judicial refleja un adulto mayor sin familia, sin recursos, sin obra social suficiente o con una patología que requiere cuidados que el mercado no ofrece”.

En este sentido, expresó que “el recurso de amparo, lejos de ser una herramienta abusiva, se ha transformado en la práctica en el último resguardo frente a la omisión estatal y privada” y que, no son un “exceso de litigiosidad”, sino “evidencia de que el sistema de derivaciones, cuidados domiciliarios y dispositivos intermedios no está dando respuesta adecuada a una población cada vez más envejecida”, puntualizó.

En definitiva, la abogada concluyó que la “judicialización de la externación de pacientes mayores debe interpelar al Estado, a los prestadores, financiadores y al poder judicial”.